EscucharNuestra Constitución se fundamenta en un pacto social avanzado y un comportamiento ambiental sobresaliente. Los retos son preservarlos y, con ellos, la cohesión del país.
Estos retos deben enfrentarse en el contexto de una situación fiscal apremiante e insostenible, de gobernabilidad insuficiente, gran fraccionamiento de los partidos políticos y mucho malestar y desconfianza ciudadana.
El partido que eligió al actual gobierno tiene solo una segunda minoría en la Asamblea Legislativa y es uno de los nueve representados en ella.
La nueva época, que se inició hace más de dos décadas con la consolidación de un nuevo estilo de desarrollo, se encuentra ahora con una sociedad enzarzada en crecientes conflictos distributivos sobre posesiones y posiciones. El crecimiento del producto interno bruto (PIB) por sí solo resultó insuficiente.
Al principio de este tiempo se reconocía que combinar metas económicas y sociales era ético y realista. Pero solo se avanzó parcialmente y también hubo involuciones.
Dos décadas sin avance. En la actualidad, tenemos una sociedad con mayores capacidades humanas, pero que lleva más de dos décadas con los mismos niveles de pobreza según ingreso, tiene un alto nivel de desempleo y subempleo y se topa con una desigualdad creciente en el reparto de riqueza, ingresos y poder.
La nueva economía –con algo más del 20 % de la ocupación– concentró los beneficios de la política pública y el desarrollo de una institucionalidad moderna, financiada y eficiente, además de estar exenta del pago de casi todos los impuestos.
El resto de los sectores económicos –casi el 80 % de la ocupación– vieron desmantelarse sus políticas de fomento productivo, deteriorarse su porción de institucionalidad y menguada la eficiencia pública de su parte.
La modernización económica no resultó incluyente para amplísimos sectores y dejó de lado factores centrales como la inversión en infraestructura. Se manifestó una pérdida de rumbo, a partir de la coincidencia muy mayoritaria sobre la insuficiencia de la ruta para llevarnos a generar desarrollo humano y a repartir aceptablemente posiciones y posesiones.
Políticas excluyentes. Las políticas económicas no fueron inclusivas ni generaron oportunidades para los sectores tradicionales de la economía, y el empleo se desenganchó del PIB. Ciertamente, el Consenso de Washington resultó restringido en sus objetivos y también en sus instrumentos (Stiglitz, 1998).
El equilibrio macroeconómico se redujo respecto a la acepción que tenía antes, cuando combinaba equilibrio interno y externo, pues en los ochenta la estabilidad macroeconómica significaba énfasis en la actividad económica real y buscaba el crecimiento económico estable y el pleno empleo, junto con una inflación baja y la sostenibilidad de las cuentas internas y externas. El crecimiento desequilibrado tuvo costos políticos, en cuanto generó antagonismos entre grupos sociales beneficiados y perjudicados. El malestar ciudadano cobró una primera víctima: el bipartidismo.
Cambios profundos. En un contexto de persistente adscripción y apoyo ciudadano a la democracia, el sistema político y su funcionamiento sufrieron cambios muy profundos, especialmente, en cuanto a la capacidad de adaptar las instituciones y la gobernabilidad democrática.
Así, el país pasó de un régimen bipartidista, con pactos y normas de oposición razonable, baja volatilidad del elector entre elecciones, partidos con cierta consistencia y disciplina, a una situación multipartidista (nueve con representación legislativa en la administración actual y siete en la siguiente, según el conteo de votos hasta ahora) con prácticas de obstrucción, baja adscripción a partidos, altísima volatilidad entre elecciones y, durante el periodo de campaña electoral, partidos débiles y escasa disciplina.
Un elemento de diseño de la expedición de leyes, que privilegiaba el derecho de enmienda de los parlamentarios, ha tenido un papel central para darle poder a la minoría, incluso de un diputado, para obstruir y hacer inviables muchas reformas a la ley, lo cual se ha aplicado, en particular, a las reformas fiscales en las últimas décadas. Una prueba es elocuente: el bajo nivel de aprobación de iniciativas del Ejecutivo en el Parlamento y la escasa aprobación de leyes sustantivas. En el país no se ha logrado introducir una reforma fiscal significativa desde 1995.
Una parte del descontento se origina en la insatisfacción con las condiciones de acceso y la calidad de las intervenciones y servicios públicos. El sistema político respondió incrementando abundantemente la promesa democrática al aprobar leyes y directrices que aumentan las obligaciones públicas sin definir sus fuentes de financiamiento, pero sí acrecentando las expectativas y demandas ciudadanas. Resolver la falta de capacidad del Estado para atender las demandas ciudadanas requiere de reformas simultáneas en diversos ámbitos públicos: la estructura tributaria, los regímenes de empleo público, el diseño de políticas públicas y los sistemas de evaluación y rendición de cuentas.
Contexto político. El avance en estos asuntos precisa, a su vez, que los actores logren maniobrar en un contexto político adverso y muy fragmentado, con el fin de alcanzar acuerdos nacionales en los que todas las partes involucradas compartan los costos y los beneficios de las reformas.
Hasta ahora, cuando han visto amenazados sus intereses particulares, partidos, sindicatos y cámaras empresariales han empleado sistemáticamente sus capacidades de veto para evitar acuerdos.
Además, existen grupos corporativos, dentro y fuera del Estado, que han cooptado ámbitos de la política pública y aprovechan marcos normativos que les favorecen para impedir toda transformación.
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En noviembre del 2016, los partidos políticos con representación legislativa iniciaron un diálogo de cara al bicentenario de la independencia (en el 2021), llamado Acuerdo Nacional, en un conjunto de aspectos relevantes.
A fines de junio del 2017, se anunció un conjunto amplio de acuerdos (cincuenta y nueve) por mayorías calificadas en los once asuntos seleccionados, incluyendo de carácter fiscal y reformas al empleo público y reformas administrativas del Estado.
El proceso de concretar, pues, recién podría empezar. El otro camino es continuar el desencuentro y con él propiciar una grave crisis.
El autor es economista.
