EscucharMedusa es un ser mítico de la cultura griega, en cuya cabeza se multiplicaban serpientes por doquier y, además, convertía en piedra a quien la mirara y se atreviera a interactuar con ella.
Tal como hemos sido testigos a raíz de la investigación en torno a contratos de obra pública, la corrupción es una suerte de Medusa moderna. En momentos en que el problema de la corrupción parece ser más serio de lo que creíamos, amerita anotar algunas reflexiones sobre cinco estrategias indispensables para combatirla.
Es urgente reformar la legislación de contratación administrativa para establecer un límite en los porcentajes de adjudicaciones de contratos a las empresas. En muchas áreas es indispensable poner coto al casi oligopolio existente en la adjudicación de contrataciones.
Es inaceptable que las dos principales empresas sospechosas tuvieran tan concentrada la ejecución de las obras en nuestro país. La práctica es letal para la democracia económica, y limitarla es también conveniente para garantizar la planificación de obra a largo plazo, pues no conviene depender de tan pocas compañías para esta labor.
Todo ello redunda, además, en un problema de eficiencia administrativa, al reducir la toma de experiencia a muy pocos contratistas. Resulta indispensable que cada contratante tenga un límite del porcentaje global de adjudicación por parte del Estado.
La segunda estrategia es fortalecer la digitalización de los procedimientos administrativos de contratación, y así, además, estimular la transparencia de estos. Los procedimientos administrativos de contratación que se llevan a cabo por medio de la web tienden a estar mucho más naturalmente supervisados, por ser de fácil acceso para todo ciudadano por medio de la internet.
Además, este tipo de procedimientos democratiza regionalmente, pues facilita a toda empresa que se encuentre geográficamente alejada de los centros de poder del país participar con las mismas facilidades logísticas que tienen las empresas de la meseta central.
Eliminación de trabas. Como tercera estrategia, insisto en lo que he venido afirmando con particular vehemencia: es indispensable desregular y entrar en un fuerte proceso de eliminación de trámites, requisitos, trabas y controles ex ante, es decir, los engorrosos controles previos a los proyectos, y priorizar las garantías de responsabilidad de los profesionales encargados de las obras.
¿Por qué? La realidad es que en la reciente historia de Occidente está demostrado que la aprobación de trámites y requisitos origina tortuguismo y paralización de obras, que devino en una suerte de mecanismo para la extorsión, como sucedía en la primera mitad del siglo XX en los Estados Unidos, cuando las uniones de transportistas y trabajadores de los puertos, tomadas por grupos delictivos, paralizaban la circulación de materia prima a cambio de obtener ventajas indebidas.
Si la extorsión no era pagada, se ralentizaban las operaciones, la materia prima no circulaba y con ello se ocasionaban pérdidas multimillonarias a la actividad industrial, con lo cual el daño era mucho peor.
Un personaje icónico que lo ilustra es Jimmy Hoffa. Aunque es un ejemplo propio de la historia estadounidense, es un grito a voces que, debido a la tramitomanía que nos asfixia, muchos empresarios costarricenses se enfrentan a este tipo de prácticas en nuestro país, so pena de que los procesos sean ineficientes.
Separación. La cuarta estrategia tiene que ver con el fortalecimiento de la actividad represiva del Estado. Nuestra policía ha demostrado un adecuado nivel de efectividad en su actividad investigadora y de inteligencia; sin embargo, basta escuchar las reacciones populares para tener por demostrado que la ciudadanía demanda más eficacia de los órganos judiciales superiores.
Me parece oportuna la recomendación del abogado Juan Diego Castro, quien aboga por separar el Ministerio Público y las dependencias policiales que se encuentran bajo control de la Corte.
La actividad de los jueces plenamente especializada como meramente juzgadora no debería coexistir con la actividad coactiva y policial de dependencias como el Ministerio Público o la policía judicial, a la que debe dársele más importancia estratégica, poder e independencia funcional.
Es oportuno estudiar la posibilidad de un proyecto de ley que, «apeando varios mangos de una sola pedrada», separe del control de la Corte dependencias como el Ministerio Público y la actual policía judicial, y por qué no, también, de una vez, a la Sala Constitucional como tribunal independiente.
Para el final dejé la sexta estrategia que, según mi criterio, es la más relevante. Retomar con fuerza la casi inexistente Comisión Nacional de Rescate de Valores. Fue creada en 1987 mediante un decreto ejecutivo y tenía como función prevenir la deshonestidad en la función pública mediante la promoción de valores morales y éticos.
A la Comisión se le dio una importancia cardinal y periódicamente debía formular políticas, objetivos y acciones que permitieran el funcionamiento de un sistema ético y de valores mediante filiales distribuidas en las diferentes dependencias del sector público.
La Comisión incluso estimulaba la existencia de filiales en las municipalidades. En las administraciones del 2014 en adelante, la labor de la Comisión se ha visto prácticamente anulada, y se limita a la entrega de un premio anual que, por tradición, lo recibe algún costarricense destacado en este campo. Retomar su labor es indispensable.
El autor es abogado constitucionalista.
