Por: Fernando Durán Ayanegui 18 mayo, 2014

Hace algunos lustros, después de que un incidente de escuchas telefónicas en la Casa Presidencial provocara la renuncia del alto funcionario que, con más visos de comicidad que de dramatismo, había sido víctima del espionaje electrónico interno, un periodista de provincias, con quien conversábamos frecuentemente, aseguraba conocer todos los detalles del episodio y estar convencido de que la maliciosa práctica se había extendido hacia fuera de palacio, al punto de que hasta el teléfono privado de un expresidente era objeto de “pinchazos”.

Su convicción había alcanzado el nivel de una verdadera psicosis que lo llevó a aplicar lo que él llamaba “vengarse con la mamá del árbitro”: cada vez que iniciábamos una conversación telefónica –las otras tenían lugar en un espacio ventilado y seguro del parque central de su ciudad natal–, dedicaba el primer minuto a lacerar con improperios la dignidad familiar de cuanto funcionario del Gobierno le venía a la mente. “Para que esos [irrepetible] que graban mis llamadas, sepan que no les tenemos miedo”, se justificaba, aunque nunca preguntó por nuestro estado nervioso. No supimos si hacía lo mismo cuando se comunicaba por la misma vía con otras personas, pero lo cierto es que nos costó mucho convencerlo de que fuera con los políticos más clemente que con los árbitros de fútbol. De haber sido cierto que la entonces incipiente Policía secreta grababa a nuestro interlocutor, su cosecha no abundó en expresiones ejemplarizantes.

Ahora, al saber desechada la propuesta del fundador del partido oficial de suprimir la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, hicimos el ejercicio de preguntarles a varias personas el significado de las siglas DIS, y no faltó quien nos dijera: “Dirección de Investigaciones Secretas”. Lo cual prueba que, en nuestro país, no podría conservarse en secreto la existencia de una Policía secreta, y que hacen bien sus gobernantes ahorrándose el esfuerzo de tratar que una oficina con pelaje y funciones de KGB bayunca pase inadvertida, aunque, estrictamente hablando, tal transparencia en nada reduzca el tufo de ilegalidad que emana, bajo cualquier régimen político, de una entidad susceptible de mantenerles a algunos ciudadanos expedientes secretos que podrían ser inaccesibles hasta para las autoridades judiciales. Apoyamos, pues, las iniciativas parlamentarias que –aunque perro que come huevos, ya se sabe– eliminarán esa dependencia y pondrán sus funciones legítimas, si es que en verdad llegó a tenerlas, en manos de cuerpos policiales transparentemente constituidos y sujetos a una saludable supervisión judicial.