Cuestionamientos a propuesta del MAG

Copio del texto de la consulta: “La propuesta de reglamento establece que, para el control sanitario, todos los establecimientos de sacrificio de animales deberán contar con un médico veterinario oficial, o autorizado por el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) mediante la figura de la oficialización, el cual deberá estar presente durante el proceso de la matanza. Deroga normativa que no es conforme a la Ley N.° 8495 y principios de la Organización Mundial de Sanidad Animal”.

Ya existen médicos veterinarios debidamente sujetos a la normativa de la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal (8495) y la Ley Orgánica del Colegio de Médicos Veterinarios (CMV) que realizan el control sanitario y de vigilancia, de acuerdo con las recomendaciones del Codex Alimentarius y otro tipo de guías y protocolos, como los indicados en el Código Sanitario para los Animales Terrestres y su equivalente para los animales acuáticos, ambos dictados por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). Entonces, ¿cuál es el sentido de la propuesta? Presuntamente, poner las cosas en orden.

Se puede leer en el documento electrónico una serie de afirmaciones sobre lo que se desea mejorar, por ejemplo, actualizar y ajustar que la inspección “se dé conforme a principios de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), tales como transparencia, integridad, independencia, entre otros”. Además, “fortalecer la capacitación, la transferencia de conocimientos y apoyo al productor por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de las Direcciones Nacionales de Extensión”.

Estimular las emociones

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Aquí empieza lo que yo, quizás en un exceso de suspicacia, interpreto como un acto de posverdad. Se pretende lograr un bien mayor, que es la salud pública, diciendo que se deben cambiar cosas que ya se hacen, y muy bien. Es como cambiar azúcar por tapa de dulce. De hecho, la ciudadanía es testigo del enorme salto cualitativo que el país ha dado en lo relacionado con la inocuidad alimentaria en todo lo que respecta a productos de origen animal.

Desde la producción primaria hasta que el producto llega al anaquel del supermercado, los profesionales en medicina veterinaria velamos por la salud pública, teniendo como máxima la producción de alimentos seguros desde la finca hasta el plato. En ese proceso, ya han estado incluidos los médicos veterinarios que realizan una labor encomiable y, me atrevo a apostar, casi impoluta, a fin de proteger la salud del consumidor.

Como quien dice que no dice, pero sí lo dice, en medio de la propuesta se asegura que se deben derogar los artículos 100, 102, 103, 104 y los incisos a y c del 106 del Reglamento de la Ley Orgánica del Colegio de Médicos Veterinarios.

Si se revisa el articulado, pretenden eliminar las funciones de la fiscalía en lo referente a las regencias en los establecimientos médico-veterinarios que se describen en los artículos subsiguientes. O sea, prescindir de la figura en quien recae la dirección técnica y científica, y la responsabilidad profesional de los establecimientos médico-veterinarios, especialmente los que tienen que ver con la cosecha, transformación o elaboración de productos de origen animal para consumo humano, para cambiarla por lo mismo, pero diferente.

La propuesta, inmersa en una serie de frases y una letanía de normativa invocadas, que pintan elocuencia y sentido de urgencia, lo que hace es producir zozobra con datos incompletos o del todo ausentes, en busca de no sé qué beneficios para quién o quiénes.

Sin duda, en el fondo, no va a aportar nada nuevo al enorme trabajo que realiza el gremio médico-veterinario en pro de la salud pública costarricense y del intercambio comercial, que no es poca cosa.

Consultas a medias

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Se argumenta que la intención es eliminar duplicidades y poner a tenor distintas leyes para, en beneficio del consumidor, ordenar las cosas; sin embargo, durante años, el CMV ha trabajado de la mano de Senasa y el sector productivo sin el menor perjuicio para nadie.

Llama la atención que al llegar al apartado VI de la consulta, sobre la participación ciudadana, al preguntar por el grupo consultado, la respuesta es que “fue un grupo de trabajo en el que participó la Subdirección del Senasa y funcionarios de la Asesoría Jurídica del MAG”. ¿Y los demás actores? ¡Pintados en la pared!

Le quitan esencia y alcance al Colegio de Médicos Veterinarios, pero no se les consulta. Se implicará a las plantas de cosecha, transformación y producción, pero no se les consulta. Y, por si no bastaran las sorpresas, en el ítem 22, donde se pregunta sobre los comentarios que se dieron, sosténgase porque la respuesta es que hubo “varias sesiones de trabajo en las que se discutió y enriqueció la propuesta y se hicieron múltiples aportes y comentarios discutidos, analizados e incorporados al documento en caso de que procedieran, cuando tuvieran sustento técnico, científico y legal”. Autosuficiencia, autocomplacencia y arrogancia.

Pero si lo anterior les parece poco, vean la joya que sigue en el ítem 23. Cuando se pregunta por los comentarios que se incluyeron en la regulación, dice que todos los aportes y comentarios del grupo de trabajo fueron analizados e incorporados al documento. ¿Para qué más?, está perfecto, parece decir.

Supongamos que en el fondo la propuesta es adecuada y, aunque mínimos en los efectos, los cambios en la forma son necesarios por aspectos de legalidad. Digamos que es lo que toca. Sin embargo, debió haberse incluido a más actores en el equipo de trabajo y no recurrir al proceso de consultas públicas para darlo a conocer a aquellos directamente involucrados.

¿Falta de tacto y de cortesía o arrogancia y autosuficiencia? Tal vez todas las anteriores, o quizás hay cosas que no se han querido decir.

juan.romero.zuniga@una.ac.cr

El autor es profesor de Epidemiología en la UNA desde hace 20 años. Ha publicado unos 140 artículos científicos en revistas especializadas.