Vicio persistente

Años de críticas y protestas, aderezados con uno que otro escándalo, acabaron tendiendo a las partidas específicas sobre la lona. No contamos con su resistencia y el conteo ni siquiera se acercó a diez. La reforma aprobada para erradicar la mala práctica solo sirvió para encontrar la manera de disimularla.

Las partidas específicas “desaparecieron” oficialmente en 1998, pero, todavía en esta Administración, los diputados consiguieron adjudicar millones a proyectos diseñados para rendir ganancias políticas. En el 2012, una decena de legisladores gestionaron ¢1.300 millones para los más diversos fines, incluida la reparación de una iglesia en Sabana Sur y la instalación de cámaras de vigilancia en San Rafael de Heredia.

El gestor de la “donación” para la iglesia no tardó en atribuirse el mérito y su despacho circuló un comunicado de prensa para informar de la inauguración de las obras y del agradecimiento de los feligreses. El comunicado describió la gestión como uno “(…) de los proyectos que se realizan desde el despacho del diputado… para apoyar las necesidades de San José, que son su prioridad”. Así, la oficina del legislador sustituyó al aparato estatal encargado de planificar el gasto y dirigirlo según criterios técnicos.

El ejemplo vale para entender las distorsiones creadas por este perverso y persistente mecanismo, apto para dirigir el gasto público hacia las comunidades y organizaciones capaces de influir, y no hacia las más necesitadas. Las partidas son la máxima expresión del clientelismo. Compran, con dinero público, lealtades para el diputado y su partido. Así, contribuyen al continuismo en el ejercicio del poder.

Promueven, además, la compraventa de votos en el Parlamento, casi siempre producto de silenciosos conciliábulos, pero la historia registra casos de pública ostentación de los acuerdos cimentados con una generosa asignación presupuestaria, sea para apuntalar las finanzas de un equipo de fútbol o para desarrollar obras comunitarias, no importa su lugar en la larga lista de prioridades nacionales.

Si el nuevo Congreso logra erradicar la práctica con el definitivo nocaut, hará una importante contribución al saneamiento del gasto público y la consolidación de un Poder Legislativo moderno, distante de la época de los jefes políticos y los gamonales.