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Actualizado el 19 de enero de 2014 a las 12:00 am

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A tenor de la más reciente encuesta de la empresa Unimer para La Nación , los electores costarricenses mantienen su fuerte inclinación a votar por partidos distintos para la Presidencia de la República y el Congreso. Los más consistentes en sus intenciones de voto son los liberacionistas y, aun entre ellos, solo el 60% de quienes apoyan a Johnny Araya tienen el propósito de respaldar las listas de aspirantes verdiblancos.

Esa tendencia, sumada a la multiplicidad de partidos políticos y el sistema establecido para adjudicar curules, produce una paralizante atomización de fuerzas en la Asamblea Legislativa. Esa ha sido la característica más sobresaliente de los últimos años y sus consecuencias son bien conocidas.

El panorama político no ha logrado recomponerse tras el fin del bipartidismo, luego del desplome de la Unidad Socialcristiana. Liberación Nacional sigue en pie, pero en la acera de enfrente una masa desorientada de votantes está en busca de alternativas, con menos preocupación por su signo ideológico que por su aptitud para destronar a los verdiblancos.

Esa dispersión y volatilidad terminan por definir la fisonomía del Congreso, a imagen y semejanza del electorado. Con todo, el Parlamento podría aspirar a decidir sobre los asuntos urgentes si la negociación política y las alianzas, permanentes o coyunturales, no tropezaran con un último y formidable aliado de la inoperancia: el reglamento legislativo, a cuyo amparo minorías muy reducidas adquieren poder de veto sobre las iniciativas de ley.

En estas circunstancias, nadie puede aspirar a una mayoría parlamentaria, pero quien aspire a la Presidencia de la República, sin impulsar una reforma al reglamento, no está hablando en serio. Aparte de Liberación Nacional, con un exiguo 16% de intención de voto para sus listas de diputados, todos los demás partidos cuentan con el favor del 10% o menos. ¿Cómo gobernar con una fracción de ese tamaño, cuando cualquier acuerdo puede malograrse con facilidad?

Si renuncia a la exigencia de una reforma reglamentaria, ninguna candidatura a la Presidencia de la República puede estar animada por intenciones realmente transformadoras. La despreocupación por el estancamiento del Congreso solo se entiende en un partido sin vocación de poder, conforme con el papel de opositor y preocupado por cotizar su voto en la llanura, aun a costa de la eficacia institucional.

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El ofrecimiento de grandes reformas económicas y sociales está en directa e insalvable contradicción con la oposición a removerle obstáculos al funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Sostener las dos propuestas al mismo tiempo solo es posible si falta seriedad o sobra cinismo.

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Armando González R.

agonzalez@nacion.com

Editor General Grupo Nación

Laboró en la revista Rumbo, La Nación y Al Día, del cual fue director cinco años. Regresó a La Nación en el 2002 para ocupar la jefatura de redacción. En el 2014 asumió la Edición General de GN Medios y la Dirección de La Nación. Abogado de la Universidad ...

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