Costa Rica está entrando en una etapa de definiciones políticas. Por décadas, el país ha venido arrastrando serios problemas de competitividad producto de servicios públicos caros, tramitomanía asfixiante y una dilapidada infraestructura. Estos son temas en los que podemos seguir pateando la bola, si así queremos. Sin embargo, es en la crítica situación fiscal donde pronto no habrá mañana.
En ese sentido, es bienvenido el pacto entre el Frente Amplio, un sector del PAC cercano al Ejecutivo y varias agrupaciones sindicales. El documento que suscribieron deja muy claro el derrotero por el que se decantan: uno de defensa a ultranza de los privilegios salariales del sector público, empoderamiento del fisco para que tenga atribuciones arbitrarias sobre los contribuyentes y consolidación de los monopolios estatales en electricidad e hidrocarburos.
Hay que destacar la definición del PAC. Por años este partido ha sido un rejuntado de corrientes de izquierda que rehusaban identificarse como tal. En la campaña, su mensaje consistió de cimarronas, gigantas y chonetes. Mucha gente que votó por Solís no se explica de dónde vino el giro tan marcado hacia más gasto irresponsable, proteccionismo aldeano y poderes estatales abusivos.
La indefinición más bien viene de la oposición. ¿A qué juega el PLN, por ejemplo? Autor material de la crisis fiscal e impulsor perenne de más impuestos, ahora convenientemente habla de la necesidad de recortes de gasto antes de nuevos tributos. En las redes sociales, José María Figueres defiende en un momento al gobierno de extrema izquierda de Grecia y al otro critica la alianza del “FAC”. Óscar Arias lanza dardos al presidente por pactar con “comunistas” sin mencionar que la izquierda lo que hace es defender gollerías salariales que él imprudentemente otorgó.
Observaciones similares de inconsistencia en materia fiscal se pueden hacer de los demás partidos en el bloque de oposición. Con la izquierda habiendo mostrado tan claramente sus cartas, la bola ahora está en la acera de enfrente para presentar una hoja de ruta clara sobre cómo equilibrar las finanzas estatales y potenciar la competitividad de la economía.
No se trata de recrear una guerra fría ideológica, como lo caricaturizan algunos, sino de definir hacia dónde queremos ir. La situación fiscal se deteriora a pasos agigantados y –si esa bomba no estalla antes– la del 2018 será la elección donde tendremos que resolver cómo desactivarla. Con el “FACto”, en guerra avisada, no debería morir votante.
Juan Carlos Hidalgo es analista sobre América Latina en el Cato Institute con sede en Washington. Cuenta con un BA en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y una maestría en Comercio y Política Pública Internacional del George Mason University.
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