El miércoles, a las 9 de la noche, oficiales de la Fuerza Pública, la Policía de Tránsito y el Organismo de Investigación Judicial lanzaron un operativo conjunto contra las carreras ilegales de vehículos. Trabajaron hasta las 3 de la madrugada en San Francisco de Dos Ríos, Pavas, Desamparados y Heredia, sitios donde los “picones” burlan la ley con horario de congregación predeterminado y absoluta impunidad.
La burla incluye el absoluto menosprecio para la tranquilidad y descanso de los vecinos, obligados a soportar el rugir de los motores a altas horas de la madrugada, y un desdén criminal por la vida, propia y ajena. Muchos muertos y heridos más tarde, las autoridades decidieron cumplir su deber y reclamar respeto a la ley y a su propia investidura.
La acción policial culminó con el decomiso de 14 placas, dos pistolas, dos revólveres, 125 gramos de marihuana, otras 14 dosis de esa droga y 36 de crack . Diez automóviles y cinco motocicletas fueron remitidos a los patios de la Policía de Tránsito, muchos de ellos con motores y sistemas de inyección alterados para desarrollar más velocidad. Hubo tres detenidos por conducción temeraria, uno por posesión de drogas y dos por otras infracciones a la ley de tránsito.
La nota informativa publicada en la edición electrónica de La Nación, al día siguiente, no tardó en llenarse de comentarios. Rara vez una noticia suscita tantos, con opiniones tan coincidentes.
El entusiasmo del público y la cerrada ovación a las autoridades permite sacar conclusiones. Para comenzar, el costarricense está harto de la impunidad concedida a toda suerte de delincuentes irresponsables, no importa si su delito es tan solo “divertirse” a costa de la seguridad y la paz ajenas. En segundo lugar, la ciudadanía aprecia la intervención de las autoridades y, más allá de entenderla como un simple cumplimiento del deber, la celebra y felicita.
Es seguro decir, entonces, que actuaciones como las desplegadas el miércoles son, además de necesarias para garantizar la seguridad y la tranquilidad, políticamente rentables. Un gobierno capaz de eliminar las carreras ilegales recibirá crédito por hacerlo.
Quizá las conclusiones apuntadas sean verdades de Perogrullo. Sí, la ciudadanía está harta de los abusos, agradece a quien los impida y lo premia con buenos réditos políticos, en el mejor sentido de la palabra. Si las conclusiones son tan obvias y hasta predecibles, es difícil entender por qué la tardanza en responder a tan justos clamores y cosechar la recompensa. Mientras no surjan mejores explicaciones, solo es posible concluir que el Estado está tan roto que no logra conducirse, siquiera, como más le conviene.
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