El trauma es grande: Colombia sufre hoy el mayor remezón político de las últimas cuatro décadas. Pero si sus instituciones resisten el trance inmediato --como lo están haciendo-- saldrán ganando ellas mismas y todo el país; saldrán perdiendo los traficantes de la política.
Hasta ahora, en Colombia, como en Costa Rica y muchos otros países, el arreglo informal del "generoso" financiamiento que algunos particulares otorgan a partidos y candidatos ha sido simple: yo te doy grandes sumas para tu campaña; si ganas, la retribución es con favores a cargo del Estado, que pueden ir desde el nombramiento en una embajada, hasta el favorecimiento en licitaciones o impunidad.
Por esto los narcotraficantes y otros mercaderes han cortejado tanto a candidatos y funcionarios. Y, desgraciadamente, siempre encuentran a algunos --a veces del mayor encumbramiento-- que ponen el pago de esos favores por encima de los imperativos cívicos.
Lo que ocurre en Colombia es refrescante porque los políticos sanos, la prensa independiente y, sobre todo, los ciudadanos, han decidido que es hora de pasar directamente la factura a los responsables. Quizá el presidente Ernesto Samper no lo sea, pero el simple hecho de que se someta a un juicio político será un enorme avance democrático, una ratificación republicana.
El ejemplo debemos seguirlo con gran interés en Costa Rica. Es imperativo que, aquí como allá, los casos en que exista la mínima sospecha de tráfico de influencias, manejos indebidos o corrupción, se ventilen y sancionen públicamente, rechazando las amenazas y poniendo en evidencia a quienes se empeñen en pagar favores con cuenta a la ética pública. El trauma colombiano es, por esto, una fuente de esperanza.