Una reforma al Reglamento del Estatuto de Servicio Civil protege la diversidad sexual en el empleo público y prevé sanciones para el comportamiento discriminatorio, sea del patrono o de otros trabajadores. Esas normas no serían necesarias si el respeto al derecho ajeno y un sincero compromiso con la igualdad guiaran a la sociedad costarricense. En ese mundo ideal, la discriminación sería una anomalía rápidamente corregida por la reacción social. Estamos lejos de eso. El rechazo a la diversidad es un fenómeno extendido y tolerado. La tardanza y naturaleza de la reforma lo confirman.
A estas alturas del siglo, el país carecía de un marco normativo para proteger siquiera a la estrecha categoría de los empleados estatales incorporados al Servicio Civil. Se trata de unos 125.000 funcionarios, una pequeña fracción de la fuerza laboral. Por otra parte, el avance se logra por la vía reglamentaria, porque la Asamblea Legislativa ha pasado por alto la oportunidad de ofrecer soluciones con rango de ley.
La reforma tiene su origen en un valiente decreto del presidente Luis Guillermo Solís, emitido en mayo del 2015, con el fin de erradicar la discriminación por razones de inclinación sexual en las instituciones públicas. Ante la morosidad del Congreso, otros avances se han dado, también, en la esfera administrativa.
La extensión de beneficios concedidos por viudez o muerte, el reconocimiento por el Registro Civil y las universidades de la identidad de género escogida por cada quien y la posibilidad de asegurar a la pareja del mismo sexo en la Caja Costarricense de Seguro Social son reformas jurisprudenciales y administrativas de importancia, pero solo la mano del legislador puede acelerar el cambio y extender sus beneficios.
No hay motivo para mantener la solapada indiferencia frente al hostigamiento, acoso o burla en la empresa privada o en ámbitos del Estado no cubiertos por el Régimen de Servicio Civil. También es hora de un pronunciamiento sobre las sociedades de convivencia, o como se les quiera llamar, para reconocer de una vez por todas las consecuencias patrimoniales y legales de la vida en común.
La Asamblea debe demostrar la misma determinación y compromiso con los valores democráticos exhibidos por el Ejecutivo cuando emitió el decreto cuya tardanza y limitados alcances no le restan méritos, vista la parálisis del legislador y conocidas las razones políticas de tantos temores.
Armando González es director de ‘La Nación’.
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