En lo que llevamos del siglo XXI, Costa Rica ha desafiado una marcada tendencia regional: mientras en casi toda América Latina la desigualdad ha venido cayendo, diversos indicadores muestran que en nuestro país ha aumentado. El presidente Solís, en una entrevista con El País de España, señaló al “neoliberalismo” y a los ajustes estructurales de los ochenta como los culpables.
Más allá de la trasnochada retórica pretilera del presidente, que además confirma una cabanga crónica por los setenta, Solís erra en el diagnóstico. De entrada, como profesor de historia debería saber que los ajustes estructurales de los ochenta se implementaron a raíz de la crisis del Estado empresario que él añora. Entre 1980 y 1982 la pobreza se disparó del 30,4% al 54,2% y las deudas de Codesa se siguieron pagando hasta bien entrados los noventa vía una alta inflación que castigó a los más pobres. Fue el fracaso del estatismo que Solís pregona el que nos pasó una profunda y duradera factura social.
Tampoco es cierto que esas reformas debilitaran al Estado benefactor. Según la Cepal, el gasto social de Costa Rica más bien se encuentra entre los más altos de América Latina como porcentaje del PIB. El país cuenta con 45 programas sociales administrados por 24 entes estatales. Difícilmente eso refleja un Estado benefactor anémico.
La razón del aumento de la desigualdad más bien radica en políticas que Solís defiende. En un ensayo reciente en la Revista Cepal, el economista Andrés Fernández identificó al crecimiento de las diferencias salariales entre los empleados públicos y privados como una de las principales causas del fenómeno. Incluso controlando por el grado educativo, Fernández encontró que “los incrementos de los salarios reales del sector público (…) superan por mucho a los del sector privado, especialmente en el nivel universitario”. Destacó además el papel que juegan los pluses salariales del sector público al exacerbar estas disparidades.
Luis Guillermo Solís ha dejado claro que estos privilegios son parte de un “contrato social” que no puede modificarse sin la venia de los sindicatos. Por eso su gobierno ha saboteado cualquier reforma al empleo público. Si al presidente tanto le preocupa el aumento de la desigualdad, en lugar de culpar al coco del “neoliberalismo”, debería atacar una de sus principales causas: los excesos salariales del sector público, pero me temo que eso es pedirle peras al olmo.
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