El tiempo es vital en casos de secuestro de menores de edad. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el 74% de los niños secuestrados y son asesinados mueren dentro de las primeras tres horas posteriores a la desaparición.
Lamentablemente, en nuestro país es cada vez más frecuente el caso de menores arrebatados de sus familias para luego ser encontrados brutalmente asesinados o cuyo paradero es desconocido, para zozobra de sus padres. El caso más reciente es el de la niña Yerelin Guzmán, desaparecida en el 2014 en Santo Domingo de Heredia.
Ante esta realidad, resulta de trascendental importancia el establecimiento de mecanismos de alerta y respuesta inmediata, ágiles y solidarios, a fin de que se involucre al mayor número de participantes. Esta puede ser la diferencia entre una terrible tragedia o el regreso del menor o adolescente a los brazos de su familia.
A esta conclusión se llegó en Estados Unidos, luego de que en 1996 la niña Amber Hargerman fue secuestrada mientras conducía su bicicleta en un barrio en Texas y su cuerpo fue encontrado cuatro días después.
A partir de esta terrible experiencia, se creó un mecanismo de alerta que involucra a autoridades públicas y privadas y a la población civil. Además, utiliza todos los canales posibles de comunicación, desde radio, televisión e Internet hasta mensajes de texto, vallas de tránsito, Google, Facebook, etc.
La idea, que en Estados Unidos les ha salvado la vida a centenares de menores, es que las empresas y personas, incluso más allá de las fronteras, apoyen a las autoridades en las labores de inteligencia.
El exitoso concepto, que conlleva, entre otros, la definición de protocolos, canales de activación de la alerta y mecanismos claros para compartir información clave de la víctima y sus posibles captores, que luego sería conocido como “alerta Ámber”, ha sido adoptado en múltiples países, y próximamente lo será en Costa Rica en una versión incluso más comprensiva.
Denominado Ley que crea el sistema de alerta y el procedimiento para la coordinación y reacción inmediata entre las instituciones públicas y privadas ante la desaparición o sustracción de personas menores de edad, y gracias al empeño de la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia, el proyecto está próximo a convertirse en ley de la República, una conquista, sin duda, para la niñez costarricense. Ojalá su puesta en marcha también sea exitosa.
Nuria Marín Raventós es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica y máster en Artes liberales por Harvard University. Es cofundadora y vicepresidenta del grupo empresarial Álvarez y Marín Corporación.