EscucharRodrigo Arias Sánchez, reelegido para ejercer la presidencia de la Asamblea Legislativa con los votos de una coalición integrada por 36 miembros de cinco partidos políticos, atribuye el éxito de su postulación a la percepción de un riesgo para la institucionalidad costarricense y un acuerdo entre sus electores sobre la importancia del respeto al Estado de derecho y la división de poderes.
Óscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), también señaló la defensa de la institucionalidad como el factor decisivo para consolidar el apoyo a Arias después de una negociación descrita por el mismo presidente del Directorio como una de las más complejas en su larga trayectoria política.
“Las leyes se respetan”, afirmó Izquierdo, y recordó las recientes declaraciones de Laura Fernández, ministra de Planificación y Política Económica, señalando como problema nacional la obligación de cumplir las normas. Esas manifestaciones, sumadas a las declaraciones del presidente Rodrigo Chaves sobre su intención de gobernar sin los diputados, son justo motivo de preocupación.
“El Estado de derecho existe y no es un estorbo para nadie”, declaró Arias poco después de su reelección para un tercer período consecutivo a la cabeza del Parlamento. Garantizar el imperio de la ley y el respeto a la institucionalidad es uno de los principales objetivos de su renovada gestión, aseguró.
En las calles, las organizaciones de trabajadores participantes en la conmemoración del Primero de Mayo hablaban el mismo idioma. “Hoy, como nunca, existe un ataque gubernamental contra la democracia, contra la división de poderes, contra el Estado social de derecho, contra las instituciones públicas y la libertad de prensa”, manifestó Fanny Sequeira, secretaria general de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum.
Puertas adentro, en la catedral, el llamado del arzobispo de San José, José Rafael Quirós, a fortalecer la inversión social e impedir el debilitamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fue otra manera de clamar por el respeto a las instituciones creadas para combatir la pobreza y ofrecer oportunidades de superación.
Las coincidencias reflejan la firme voluntad de preservar los medios de convivencia democrática aunque no exista acuerdo sobre la forma de enfrentar los grandes desafíos nacionales. El país está urgido de reformas y la defensa de la institucionalidad no debe confundirse con una invitación al estancamiento y la parálisis. Por el contrario, se trata de preservar los medios para alcanzar acuerdos en el marco del respeto mutuo y el sometimiento común a los mandatos de la ley.
La Asamblea Legislativa es el foro idóneo para desarrollar el debate democrático y su independencia debe ser defendida con celo. Celebramos el compromiso del reelegido presidente del Directorio con ese objetivo y también su disposición al diálogo con el Poder Ejecutivo. Seríamos omisos, sin embargo, si dejáramos de señalar la inconveniente apertura de todos los sectores interesados en conformar el Directorio a la influencia activa de la Casa Presidencial en el curso de las negociaciones.
A eso se debieron, en buena parte, las complejidades del proceso señaladas por el presidente del Congreso. Es ingenuo pensar en una negociación legislativa de este tipo sin intervención indirecta del Ejecutivo, pero en este caso, como en el pasado reciente, las facciones en pugna ignoraron las formas democráticas que también son parte de la institucionalidad. Vale la pena señalarlo para negociaciones futuras.
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En la Asamblea Legislativa, en las marchas del Primero de Mayo y en la catedral, el llamado a respetar la institucionalidad fue una constante. (Jose Cordero)
