Claro que somos diferentes. Este es el único país en el mundo donde un sindicato portuario se rige por una convención colectiva donde, entre otros privilegios, disfrutan de 11 días feriados (¢7.000 millones de pérdidas por día) y el Gobierno debe pedirles permiso a los dirigentes para concesionar los muelles o para cualquier obra de modernización de los puertos. Esta figura se llama privatización sindical.
Estas aberraciones inconstitucionales (previas huelgas ilegales) fueron obra de dirigentes sindicales astutos, de juntas directivas de Japdeva irresponsables y de ministros de Trabajo pusilánimes. Este ha sido, asimismo, el único puerto en el mundo donde, tras décadas de pérdidas incontables, trabajadores y Estado lograron ponerlo a derecho, en beneficio de todos. Este proceso debido, guiado por el interés público, se derrumbó ante dos recursos de amparo ante la Sala Cuarta que convirtió lo debido en indebido, sin reparar en que fueron los dirigentes sindicales quienes, en todo el proceso debido, usaran las armas más innobles e ilegales para impedir el triunfo de la voluntad soberana de los trabajadores.
Lo que esta voluntad soberana les negó a los dirigentes la Sala Cuarta generosamente lo concedió. A puerto Limón han retornado así los privilegios y la usurpación de las potestades constitucionales. ¿Cómo se llama esa figura donde el magistrado instructor y tres magistrados califican como indebido el proceso de una mayoría de trabajado- res, avalados, dos veces, por el ministerio de Trabajo y por un juzgado de Trabajo, sin que se tome en cuenta la conducta obstruccionista y persecutoria de unos dirigentes sindicales opuestos a la realización del debido proceso? ¿Quién es el agresor: quien impide el cumplimiento del debido proceso o aquel que, inspirado en el bien común, les hace frente, ley en mano, a quienes recurren a argucias y pretextos para que aquel no se cumpla debidamente?
¿Investigaron estos magistrados? ¿Indagaron en las consecuencias de su decisión? Ahora gobierno y sindicalistas andan desalados negociando con los dirigentes sindicales. ¿Negociando qué? ¿Se negocia lo que el Estado jamás debe delegar? Y la mayoría de trabajadores, reunidos en una asamblea soberana, ante un dilema eminentemente laboral, ¿qué?
Y, para terminar, ¿saben los magistrados cómo funcionan los muelles de Limón? ¿Saben que el punto vital se llama muelle de Moín por donde pasan millares de furgones al año que no se pueden escanear? ¿Saben, por lo tanto, lo que significa la trascendencia de un puerto donde imperen la ley y el orden, y no otras fuerzas e intereses?
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