El Sinaes y la calidad educativa

En la actualidad, el Sistema Nacional de Acreditación Universitaria (Sinaes) está integrado por cuatro centros públicos y 15 instituciones privadas, entre las 57 que existen en el país, lo que tiene un efecto sobre 100.000 personas, el 70% de los estudiantes de educación superior. No todas las carreras de estas entidades están acreditadas pero todas persiguen el mejoramiento continuo, lo cual es clave para desempeñarse con éxito en la sociedad de la información y del conocimiento.

La filosofía con la que nació Sinaes no es decir si hay buenas o malas disciplinas o universidades sino crear una dinámica de “reforzamiento positivo” hacia aquellas que invierten en la excelencia y la incluyen en sus prácticas académicas como un compromiso permanente. Como en otros esquemas, el objetivo de la acreditación no es alcanzar el resultado, anunciarlo y olvidarse de él, sino orientar la gestión hacia un proceso que implique mantener la calidad educativa dentro de los parámetros y metas que cada carrera plantea.

Por todo lo anterior, es un mensaje contradictorio el que envía la Universidad de La Salle al plantear un recurso de inconstitucionalidad contra el Sinaes, alegando que se trata de un monopolio que pone en situación de desventaja a los estudiantes de carreras que no han sido acreditadas.

Aunque la Sala IV acogió la acción para su estudio, y se debe ser respetuoso de la decisión judicial que pueda sobrevenir, es necesario poner las cosas en su debido contexto. Si bien desde el 2002 el Sinaes es reconocido por el Estado costarricense como la agencia oficial de acreditación, esto no inhibe a las instituciones públicas o privadas que puedan ser evaluadas y eventualmente certificadas por quien así lo desee, dentro o fuera del país.

Varias universidades privadas son parte de redes y de ránquines internacionales y a la vez están involucradas en los procedimientos de evaluación de Sinaes, porque entienden que la excelencia no solo es rentable, y mucho más barata a mediano y largo plazo, sino que es lo único que les asegura seguir siendo competitivas en el mercado de los productos educativos.

La Salle también argumenta que la acreditación es cara y que, de realizarla, “tendríamos que subirles el costo a los estudiantes y eso resulta muy controversial y complejo para nosotros como universidad privada pequeña y que no tiene afán de lucro”, según explicó su vicerrector académico, Rafael Ángel Pérez.

Es cierto que acreditar una carrera representa una inversión de $10.000 pero, como se dijo, es un proceso voluntario y transparente, y cada universidad debe decidir si acude a esta agencia o no. Lo que el sello de calidad de Sinaes garantiza es que lo que promete una carrera es verdad, porque puede medirse objetivamente con estándares locales e internacionales, y puede sostenerse durante el periodo de la acreditación.

Sin negar que este monto pueda ser significativo, la búsqueda de la calidad educativa no debe ser vista como un gasto sino como una inversión, no como un fin sino como un medio para lograr un modelo de gestión que permee todos los procesos de la vida académica e institucional de un centro de educación superior, desde la docencia y la investigación a la responsabilidad social con la comunidad.

Desde el 2010, la ley faculta a las instituciones públicas a contratar con preferencia a graduados de carreras acreditadas. Sin embargo, la necesidad de retroalimentar a los estudiantes, a sus potenciales empleadores y a la sociedad sobre la calidad de la oferta universitaria es indispensable en un momento en que esta crece sin regulaciones y, a veces, sin relación con el mercado laboral.

Ahora más que nunca, las virtudes del Sinaes están demostradas y ojalá se fortalezcan en áreas estratégicas como las ciencias médicas, donde la excelencia educativa tiene mayor impacto.