Escuchar¿Recuerda usted el juego de la papa caliente en el que ninguno de los participantes quiere tener el tubérculo en sus manos para evitar quemarse?
Pues algo similiar ocurre ahora con el caso Millicom, luego de pasar revista a los principales actores de la gestación y afianzamiento de actividades de esa empresa transnacional en el país.
Teófilo de la Torre, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad cuando inició el caso, asegura que él ya no ostentaba esa posición cuando una dependencia del Ministerio de Gobernación decidió -con la venia del ICE- permitir el uso de frecuencias para telefonía celular a una empresa que luego las cedió a Millicom.
Pero Antonio Cañas, quien lo sucedió en agosto de 1987, asegura que para entonces era De la Torre quien todavía ejercía el cargo.
Rolando Ramírez, ministro de Gobernación en esa fecha y quien firmó el acuerdo ejecutivo que permitió la concesión de ese servicio a una empresa privada, alega que el rubricó un aval para el uso de frecuencias de radiocomunicación y no de radiotelefonía y que poco después abandonó el cargo para asumir otro. A su juicio, era responsabilidad de sus sucesores verificar si se estaba haciendo uso correcto de ese derecho.
Sin embargo, Antonio Alvarez, quien ocupó esa cartera tras la salida de Ramírez, aseguró que la empresa Comunicaciones Celulares -antecesora de Millicom- solicitó ese derecho específicamente para explotar la telefonía celular y que, en todo caso, el ICE había renunciado al uso de tales frecuencias.
En la cúpula
Una larga lista de nombres de políticos y funcionarios públicos desfilaron frente al caso Millicom y tuvieron participaciones vitales en su desenlace final.
Así consta en un informe rendido por una comisión legislativa especial, integrada en el cuatrienio anterior, que investigó el área de telecomunicaciones del ICE, incluyendo RACSA y las actuaciones de diversos jerarcas al respecto. El grupo estuvo integrado por Ovidio Pacheco y William Cordero, del PUSC; Israel Avila del PLN y Rodrigo Gutiérrez Sáenz, de Fuerza Democrática.
En ese documento, los legisladores manifiestan su inconformidad con las explicaciones y actuaciones de Antonio Cañas, subgerente de Telecomunicaciones y expresidente ejecutivo del ICE, y de Luis Fishman, exministro de Gobernación, entre otros funcionarios.
Igualmente cuestionan decisiones de entidades como el ICE, el Ministerio de Gobernación, en particular de funcionarios de menor rango que habrían contribuido a crear o mantener supuestas anomalías.
En el caso de Cañas, se afirma que realizó gestiones -con el respaldo de la junta directiva de esa institución- para que la empresa privada participara en un proyecto mixto de telefonía celular, pese a sendos pronunciamientos de la Contraloría y la Procuraduría General de la República que establecían la imposibilidad de concretar ese plan sin la autorización de la Asamblea Legislativa.
Sobre ese punto, Cañas dijo ayer que no recordaba la existencia del documento del ente contralor y aseguró que en el caso de la Procuraduría, ésta sí se pronunció inicialmente de acuerdo con la propuesta. No obstante, en el oficio número C-175-85, ese órgano declina pronunciarse sobre ese tópico tras alegar que el asunto es de competencia de la Contraloría.
Más sinsabores
Cuando los parlamentarios se refieren a la actuación Fishman, ministro de Gobernación de la administración Calderón Fournier, se declaran insatisfechos con la respuesta que brindó ante una interpelación que le hiciera la Contraloría, en setiembre de 1991, en relación con las medidas que tomaría en cuanto al uso de frecuencias estatales por concesionarios privados.
Aunque el hoy precandidato socialcristiano respondió en aquella ocasión que, previa consulta a la Oficina de Control de Radio, de Gobernación, no detectó ninguna anormalidad, la Comisión lamentó la superficialidad de su respuesta y el que el jerarca no hubiera ordenado una investigación "con la seriedad del caso".
La Nación intentó ayer localizar a Fishman para que se refiriera a este asunto; sin embargo, su asesor Pablo Ureña explicó que se encontraba de viaje por Estados Unidos y Europa y que resultaba virtualmente imposible localizarlo.
Warren Murillo Martínez, en ese entonces titular de la oficina de Control de Radio y quien autorizó la cesión de frecuencias a una empresa privada, también es objeto de cuestionamientos por el grupo investigador; inclusive se recomienda indagar sus actuaciones para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
A la junta directiva del ICE, presidida por Hernán Fournier durante la administración anterior, el informe le achaca supuesto incumplimiento de compromisos adquiridos previamente en el sentido de no otorgar nuevas frecuencias a la empresa Millicom hasta que se emitiera un pronunciamiento de la Procuraduría.
Concesiones adicionales de este tipo fueron otorgadas por los directivos del ICE pese a que un dictamen de la Procuraduría ratificaba la ilegalidad de ese beneficio, pero Fournier explicó que la política utilizada fue la de no oponerse radicalmente a las solicitudes de Millicom "hasta tanto no hubiera una resolución judicial que dijera lo contrario".
Yo digo
Versiones encontradas, acusaciones mutuas y negación de responsabilidades son las reacciones de algunos de los funcionarios que tuvieron diversas participaciones en el caso Millicom
Teófilo de la Torre, expresidente del ICE "Yo no estaba en la Presidencia del ICE cuando Gobernación concedió las frecuencias a COMCEL. Al ICE no le competía revisar si esa actuación era anómala, es responsabilidad del Gobierno central verificar si se usan para lo que corresponden." v
Hernán Fournier, expresidente del ICE "Nunca recomendé una oposición frontal a las solicitudes de Millicom hasta tanto no existiera una resolución judicial que dijera lo contrario. No podía dejar a la institución en estado de indefensión y exponerla a una demanda judicial."
Rolando Ramírez, exministro de Gobernación "El informe que existía de la Contraloría yo no lo conocía porque era una comunicación solo entre esa institución y el ICE. Firmé el decreto en el que se concede el uso de frecuencias, pero para radiocomunicación, no de telefonía."
Antonio Cañas, expresidente del ICE "Yo no era presidente ejecutivo en ese entonces, era Teófilo de la Torre. Fui nombrado el 16 de agosto, cuando ya se había dado la concesión. No recuerdo que hubiera una carta de la Contraloría sobre la explotación de la telefonía celular."
Antonio Alvarez, exministro de Gobernación "La concesión fue otorgada cuando yo no estaba en el Ministerio. La petición había sido hecha para explotar telefonía celular y los funcionarios lo sabían. En el tiempo que fui ministro nadie había cuestionado públicamente esa situación."
Leonel Fonseca, director del SNE "El asunto era muy serio, recomendar al ICE la desconexión de Millicom pudo traernos problemas muy serios. Decidimos esperar a que la Sala Cuarta resolviera el caso."
