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Las trabas y el exceso de requisitos particulares que aún exigen varias municipalidades para otorgar los permisos de instalación de infraestructura de red celular, le impiden al país exigir a las tres operadoras telefónicas una mejor y más amplia cobertura.
El plazo que se les dio a las operadoras para cumplir con la cobertura prevista quedó suspendido desde diciembre pasado. Por tal razón, en este momento no se realizan evaluaciones de si cumplen o no con los servicios y tiempos a los que se comprometieron el 14 de julio del 2011, al firmar el contrato de concesión de la frecuencia.
Según ese contrato, el cumplimiento del Roll Out Plan (cronograma elaborado por la Sutel en el 2008) consta de tres etapas, cada una con requerimientos de cobertura. La primera fase tenía plazo de un año; la segunda, se previó a tres años y la tercera, a cinco.
Sin embargo, la posibilidad de cada municipio de establecer sus propios requisitos para permitir torres, postes o cualquier tipo de infraestructura similar en sus dominios, complicó la tarea para las tres operadoras: Kölbi (del Instituto Costarricense de Electricidad), Claro (de América Móvil) y Movistar (de Telefónica).
Fue esa resistencia la que motivó al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) a otorgarles, hace dos años, una primera prórroga de un año.
En octubre del 2013, el Ejecutivo le ordenó a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) proponer una solución integral para desarrollar la red y solventar las problemáticas municipales. Le exigió, incluso, que valorara la posibilidad de modificar los contratos de concesión con las operadoras.
Dos meses después, ordenó suspender los plazos de cumplimiento establecidos en el Roll Out Plan , en espera de la propuesta de la Sutel. Empero, esa solución integral no llegó sino hasta cinco meses después, el 28 de marzo de este año.
La versión más reciente de ese informe técnico (de hace semana y media) está siendo revisado por el viceministro de Telecomunicaciones, Allan Ruiz, quien aseguró que aún no publicará los detalles sobre acciones en alcaldías o posibles modificaciones contractuales.
No informan. Esta suspensión de los plazos establecidos en el contrato impide al país exigir una mejor cobertura a las operadoras, las cuales, mientras tanto, gozan de ‘tiempos extra’ para resolverlas.
“No hay datos actualizados y no haremos una nueva medición hasta que el viceministro lo ordene y diga cuál es el plazo que les ampliará para que cumplan”, dijo Eduardo Castellón, vocero de la Sutel.
Es por eso que ninguna autoridad –ni el Micitt ni la Sutel– habla de cuánto ha avanzado la cobertura celular ni de aquellos municipios que aún oponen resistencia.
Entretanto, las telefónicas se las ingenian para llevar señal de Internet a los sitios ‘vetados’, colocando, en vez de una torre, varios postes que, al tener menor potencia, implican mayores inversiones.
“Lo crítico es que las municipalidades no dan los permisos para torres según criterios técnicos, sino donde se les ocurra, donde no son útiles. El diseño de la red no sirve así”, dijo Edwin Estrada, gerente de Normas y Procedimientos del Micitt. En junio, cuatro municipios de la zona norte firmaron un convenio para facilitar trámites, con tal de que sus comunidades reciban servicios de telecomunicaciones.
“Sí cumplen”. Por su parte, las operadoras aseguran que cumplen a cabalidad con el cronograma de cobertura. Jaime Palermo, gerente de Telecomunicaciones del ICE, explicó que esa operadora posee una cobertura del 98% en las áreas pobladas, a pesar de los obstáculos.
Según Palermo, el Instituto aún enfrenta trabas en zonas como Manuel Antonio (Aguirre) y Sixaola (Talamanca). Las torres siguen siendo un problema en los cantones de Alajuela (distritos de Río Segundo y Desamparados), Osa, Garabito, Curridabat, Montes de Oca, Atenas, La Unión, Desamparados (distrito San Cristóbal) y Talamanca (distrito Cahuita).
Matías Señorán, vocero de Movistar, se limitó a expresar que las alcaldías que no apoyan el despliegue de torres son las mismas desde el 2011 y agregó que, aunque la firma cumple con el 98% de cobertura poblacional, el contrato no le exige un porcentaje fijo.
“Justamente sobre la medición de estas obligaciones, así como los plazos de vencimiento, es que estamos esperando la resolución del Micitt”, recordó.
Carolina Sánchez, vocera de Claro, externó que la operadora registra un “sobrecumplimiento” según lo acordado en los plazos (superior al 96% de los distritos del país) a pesar de la tramitomanía en municipios de Heredia y Cartago.
Allan Ruiz, del Micitt, aseguró que en las tres fases hay gran porcentaje cubierto y que “las tres firmas registran grandes avances”.
