Del bolsillo de los usuarios de buses saldrían ¢3.400 millones necesarios para que la Aresep salde una deuda con una empresa de transporte público de San José. La obligación nace de una condena del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) que acogió los reclamos de la firma autobusera.
Esta empresa exige el pago de ¢4.000 millones. De ese monto, ¢600 millones saldrían del fondo de “Provisiones para litigios y demandas” que tiene la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Los ¢3.400 millones restantes se trasladarán a las empresas autobuseras reguladas, mediante el canon que le pagan al ente regulador. A su vez, los empresarios las cargarán a las tarifas que pagan los pasajeros de buses.
Carolina Mora, vocera de la Aresep, explicó que este proceso se encuentra en la fase de ejecución de sentencia, en donde se definirá si, efectivamente, el monto reclamado por la autobusera es el que corresponde.
Lo que sí está firme es que la Aresep fue condenada a pagar el perjuicio causado a la empresa por implementar, en el 2004, sin previa consulta pública, una forma de cálculo de tarifas a la que se denominó “herramientas complementarias”.
Según Mora, esta forma de cálculo se implementó para “suavizar” el impacto para los usuarios del aumento de tarifas.
“Ocurría que una autobusera solicitaba un aumento de tarifa, después de mucho tiempo de no hacerlo. La metodología existente le reconocía los costos en los que había incurrido la compañía durante ese tiempo que no solicitó un aumento; entonces, autorizaba la tarifa con un aumento de hasta un 80%. Las herramientas complementarias eran cálculos para ajustar la tarifas por la inflación y así suavizar el costo al usuario”, comentó Mora.
El Tribunal Contencioso dijo que la Aresep se equivocó en la forma de implementar esas herramientas complementarias, las cuales se dejaron de aplicarse en el 2010.
Por la aplicación de esta forma de cálculo, hay otras siete demandas contra la Aresep pendientes de resolución en los tribunales.
Sobre la sentencia, Roberto Jiménez, regulador general, dijo que está “heredando fallos judiciales” sobre actuaciones de la Aresep en donde él no participó.
“Ahora lo que me corresponde es analizar opciones para atenuar el impacto económico para el usuario. Estaremos asumiendo un plan de austeridad, de mejora en el uso de los recursos, de eliminación de duplicidades, entre otras medidas, tratando de mantener y fortalecer las actividades sustantivas de la organización, con el menor impacto en el canon posible”, añadió el regulador Jiménez.