Tres instituciones consumen 40% de gasto en incapacidades

El restante 60% del desembolso por incapacidades otorgadas entre enero y setiembre de este año, por las que se pagaron ¢31.284 millones, ha sido para los trabajadores de los otros 55.000 patronos que reportan sus planillas a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El “consumo” de incapacidades de aquellas tres entidades públicas preocupa a las autoridades de la Caja, pues al cerrar el 2013 la proporción del pago de licencias sólo para esas instituciones podría superar ese 40%.

Rodrigo Bartels, coordinador de la Comisión Central Evaluadora de Incapacidades, explicó ayer que son los propios empleados de la Caja los que lideran los listados de días y boletas por alguna enfermedad, lo cual será analizado pronto en Junta Directiva.

Sobre la razón que podría explicar que tres entidades consuman el 40% del pago en incapacidades, Bartels no dudó en mencionar que eso está relacionado, en gran medida, con que en el sector público el trabajador incapacitado recibe el 100% de su salario, sin importar los días que esté apartado de sus funciones.

Eso es contrario a lo que ocurre en el sector privado, donde las incapacidades son mucho menores y el trabajador únicamente recibe un subsidio del 60% de su salario, que es dado por la CCSS.

Si así está el panorama en lo que va del 2013, un vistazo a los datos del 2012 revelan que los empleados de 20 entidades (18 públicas y dos privadas) se dejaron el 56% del pago de incapacidades.

Entre ellas, están, además de la CCSS, el MEP y la Corte, el Instituto Costarricense de Electricidad, el Ministerio de Seguridad Pública, la Universidad de Costa Rica, el Banco de Costa Rica y la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántico (Japdeva), por citar algunos.

A la baja. Pese a las cifras, las incapacidades otorgadas en los hospitales de la Caja se han reducido, especialmente por la aplicación, desde el 2011, de un nuevo reglamento para el otorgamiento de licencias.

Según los datos aportados a este diario, en el 2012 se pagaron ¢38.500 millones en incapacidades, mientras que en el 2011 fueron ¢42.657 millones. Para el 2010 el pago de la Caja a los incapacitados llegó casi a los ¢54.000 millones.

Fue ese año cuando este diario realizó una investigación y se determinó que e l día que más se incapacitaron los empleados de la Caja fue para la inauguración del Mundial de Fútbol de Sudáfrica .

A partir de esa información la Caja emitió, en el 2011, un nuevo reglamento de incapacidades.

En ese mismo año la entidad también tomó una decisión trascendental: hizo caso a un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República para que la incapacidad no fuera parte del salario, sino como subsidio. Con eso, las licencias por enfermedad ya no serían tomadas en cuenta para el pago de aguinaldos y bono escolar.

Con ese cambio las incapacidades de los empleados de la Caja cayeron un 40% entre el mes previo a la norma y su aplicación y el año en el primer año (2012) llegó a los ¢4.000 millones.

Nuevo portillo. Con el nuevo reglamento, la Caja atacó las incapacidades extensas, pero sin quererlo abrió un portillo para las incapacidades cortas, aquellas que no superan los tres días y que, por lo tanto, requieren menos requisitos y controles. Ese fenómeno lo están viendo dentro la institución.

“Estamos notando que los empleados ya comenzaron a descubrir que pueden lograr lo mismo con incapacidades cortas lo que lograban con una de dos meses, por ejemplo”, sostuvo Bartels.

El fenómeno ya hizo que las incapacidades cortas pasaran de ser el 65% sobre el total, al 80%.

Según Bartels, eso solo significa que “no se ha acabado el abuso con las incapacidades”.