El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) alerta sobre riesgos de eliminar controles al cobro del aporte del Estado para las campañas electorales, conocido como “deuda política”.
Luis Antonio Sobrado, presidente del TSE, afirmó que la propuesta de las nueve bancadas del Congreso genera además “incertidumbre” sobre la forma en que se van a poder revisar las liquidaciones, y comprobar si los partidos efectivamente gastan los recursos estatales en la contienda electoral.
“Uno de los riesgos que se está asumiendo es: ¿qué pasa si al partido se le entrega el dinero y esa plata se gasta contrario a la ley? La recuperación de esos dineros será difícil, y en algunos casos imposible, eso es un riesgo que se asume”, dijo Sobrado.
La tarde de este lunes, diputados de las nueve bancadas legislativas anunciaron un acuerdo para reformar el artículo 96 de la Constitución Política, de manera que los partidos puedan cobrar el aporte estatal sin necesidad de justificar, con facturas y declaración contable, los gastos de la campaña.
Actualmente, la Carta Magna obliga a estas agrupaciones a justificar sus gastos electorales y de capacitación, para lo cual existe en el Tribunal un departamento de financiamiento de los partidos políticos que se encarga de verificar que lo que se cobra como deuda política, realmente se usó en la campaña.
La deuda política para las elecciones del 2018 será de unos ¢33.000 millones, que equivalen al 0,11% del PIB de este año.
Así lo dispone la norma electoral transitoria aprobada el lunes pasado, cuando los diputados anunciaron el acuerdo de reforma constitucional.
De hecho, los diputados proponen que este 0,11% sea el tope fijado en la Constitución de manera permanente.
Sin embargo, de prosperar la propuesta, impulsada por todos los partidos representados en la Asamblea Legislativa, esa liquidación y comprobación de gastos no se realizaría, sino que los partidos se limitarían a cobrar en función de votos obtenidos, sin que esté claro qué método de fiscalización se establecería.
La idea brotó de la Comisión de Reformas del Estado, según explicó el diputado de la Alianza Demócrata Cristiana (ADC), Mario Redondo.
De momento, solo Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), ha expresado su molestia y rechazo a la propuesta.
“Los controles hay que mantenerlos, tanto para la contribución pública como la privada. Difiero del acuerdo y cuando se haga la comisión que va a ver la reforma, voy a presentar mociones para eliminar todo lo que tenga que ver con flexibilización de controles”, aseguró Solís.
Incertidumbre. Sobrado enfatizó en que la posición de los diputados responde a una decisión meramente política, que incluso podría dejar fuera del debate al TSE, y añadió que, en vista de los tiempos legislativos, es poco probable que las leyes y reglamentos que se necesitarían para aplicar nuevos controles, estén listos para las elecciones del 2018.
“No estaría lista todavía la legislación que establece límites, controles y fiscalización expost y mecanismos de transparencia, y eso genera incertidumbre, por lo menos a nosotros, desde el organismo electoral”, advirtió.
Sobrado pidió a todos los sectores a sumarse a la discusión del plan, en vista de la trascendencia que tiene para el país y para la consolidación de los partidos como órganos de debate sobre las decisiones nacionales, más allá de solo empresas electorales.
Antonio Sobrado: ‘Tendríamos dificultades’
El presidente legislativo, Antonio Álvarez, ¿le planteó ya esta propuesta?
Él lo comentó en una de las reuniones con los presidentes de los supremos poderes. Él mencionó la iniciativa que se estaba formulando.
¿Qué medidas podría tomar el Tribunal para solicitar claridad a los diputados?
Si finalmente, y luego del debate nacional sobre este tema, creo que sería escencial dictar normas de rango legal que regulen la trancisión (en el sistema de aporte de la contribución estatal). Si llegamos a octubre del 2017 con una Constitución reformada, pero sin una ley (para aplicar la reforma) tendríamos algunas dificultades importantes. Por ejemplo, no estaría determinado el porcentaje que se destina afinanciamiento directo (gasto de partidos).
¿Qué pasa si no están listas las leyes para aplicar la reforma constitucional?
Muestro preocupación, de que no esté, de cara al 2018, una legislación que nos garantice límites, controles y sanciones solventes, a la utilización de estos recursos, y una definición legal del porcentaje que debe destinarse al financiamiento directo y al indirecto (servicios pagados pro el TSE durante la campaña).
¿Pierden control sobre la verificación de gastos?
Lo que cambia es el paradigma. Es un cambio de paradigma en el financiamiento. Ya no se trataría de un reembolso de gasto efectuado con recursos propios de los partidos, sino que sería una entrega de recursos a los partidos para que ellos lo manejen. Aquí lo que cambia es el mecanismo de comrpobación. La contribución deja de ser un reembolso.
¿Perdería esa capacidad fiscalizadora el Tribunal?
Dejaría de ser una fiscalización antes de la entrega (de recursos), para ser una entrega luego, y si hubiese que recuperar sumas por mal uso, las posibilidades de hacerlo son limitadas, o prácticamente imposibles.