El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, defendió esta tarde el proyecto de reforma a la Ley Procesal Laboral varado desde el 2012, cuando la expresidenta Laura Chinchilla vetó dos artículos que pretendían permitir huelgas en servicios públicos como seguridad, puertos y salud.
Solís dijo que es posible rescatar el plan de ley, en vista de que previo a su freno en la Sala IV, tanto los sectores empresariales como sindicales lo habían apoyado.
"Creo que 15 años de trabajo que se llevó la elaboración del proyecto de ley del Procesal Laboral no deben descartarse", afirmó Solís.
El mandatario justificó su planteamiento al señalar que cuando se generó la polémica respecto del levantamiento del veto, "sus más acérrimos enemigos y adversarios del proyecto de ley decían que con un par de correcciones que tenían que ver fundamentalmente con presuntas inconstitucionalidades, era por demás estupendo y que no tenían ningún problema, excepto en lo que tenía que ver con huelgas en los servicios públicos y la contratación con rompehuelgas, pero que por lo demás estaba todo muy bien", expresó Solís.
El proyecto de reforma a la Ley Procesal Laboral, implica una nueva metodología en el trámite de juicios laborales, de manera que se incluye la oralidad como un mecanismo de resolución para los jueces, lo que aligeraría los trámites y demandas de los trabajadores.
El plan había recibido visto bueno en el Congreso, luego de 15 años de discusiones entre sectores. Sin embargo, al aprobarse en el Congreso, Chinchilla señaló que el plan de ley incluía la posibilidad de que los empleados de instituciones estratégicas relacionadas con seguridad, puertos y centros médicos se podían ir a huelga, lo que encendió las alertas.
Ante esta posibilidad y ya con el proyecto aprobado, Chinchilla vetó los artículos polémicos, y como consecuencia, congeló la implementación de la ley.
Menos de un año después, Chinchilla enmendó su vetó y lo precisó, en el 2013, para especificar las razones de conveniencia y constitucionalidad como fundamento del veto parcial.
La idea era que la reforma siguiera viva, y que solo se vetaran los artículos referidos a huelgas en los servicios públicos y a la contratación de personal auxiliar por parte del Estado para suplir a los empleados en huelga.
El proyecto, aprobado por el Congreso en el 2012, fue resucitada por el presidente Solís al principio de su mandato, sin embargo, una acción de inconstitucionalidad presentada en diciembre del 2014 la congeló para que se determinara si el levantamiento del veto hecho por Solís fue correcto.
El viernes anterior la Sala señaló que el procedimiento de Chinchilla fue inconstitucional, y el proyecto debe volver al Congreso.
Este anuncio dejó al proyecto prácticamente sin apoyo político.
El presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociados del sector Empresarial (Uccaep), Rónald Jiménez, dijo el viernes que sería mejor que se presentara un proyecto nuevo. empezando desde cero.
Lo mismo opinó el presidente de la Asociación de empleados del ICE (AsdeICE), Fabio Chaves, quien opinó que la decisión de la Sala le quitaba viabilidad política al plan de ley.
Sin embargo, esta tarde, Solís recalcó que considera que el proyecto aún tiene viabilidad.
"Si tenemos un proyecto de ley que tiene solo esos pequeños entuertos que arreglar, y había fundamentalmente un consenso nacional respecto del tema, a mi juicio mal haríamos mandando esto al archivo.
"Lo que hay que hacer es corregir esos entuertos, hacer que la comisión haga su trabajo y lo mande a consulta a la Sala Constitucional como corresponde, yo creo que si eso es así, aprovecharíamos extraordinariamente bien un proyecto que cuenta con el apoyo de muchos sectores, incluido el sector empresarial, excepto en esos artículos y le daríamos a la clase trabajadora de Costa Rica un nuevo capítulo de las garantías sociales que desde los años 40, gracias al pensamiento socialcristiano, el país tiene", dijo Solís.
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