El Gobierno se comprometió anoche, tras una reunión con periodistas y diputados, a impulsar una reforma legal que elimine la pena de cárcel por obtener y divulgar “informaciones secretas políticas”.
No obstante, el Ejecutivo continuará adelante con la publicación de la nueva Ley de Delitos Informáticos, la cual eleva la sanción mínima de uno a cuatro años de cárcel y la máxima, de seis a ocho años.
Francisco Chacón, ministro de Comunicación, sostuvo que no publicar la ley en el diario oficial La Gaceta , acción con la que esta entrará a regir, implicaría un incumplimiento de deberes porque ya fue firmada por la presidenta, Laura Chinchilla, y por los ministros.
Luego de conversar durante unas dos horas con representantes del Colegio de Periodistas y con diputados, el ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, sostuvo que existe consenso en que el castigo a la divulgación de secretos políticos es algo inadecuado que no debe permanecer en la legislación.
“El Gobierno va a convocar cualquier reforma que se plantee”, dijo Benavides, quien espera que el Colegio, los directores de medios de comunicación y los diputados afinen un proyecto de ley.
José Rodolfo Ibarra, presidente del Colegio de Periodistas, confirmó que solicitaron expresamente la derogatoria del artículo que establece la sanción relacionada con los secretos políticos, norma introducida hace varias décadas en el Código Penal.
Un punto de partida, dijo Benavides, puede ser un borrador de reforma presentado ayer por el diputado libertario Carlos Góngora, quien estuvo en la reunión.
No obstante, la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carmen Muñoz, alegó que la propuesta debe ser ampliada porque también se debe garantizar el acceso a las bases de datos públicas, así como precisar en qué casos sí debe protegerse la seguridad del Estado.
Además de elevar la pena por divulgar informaciones secretas políticas, la Ley de Delitos Informáticos incluye dentro del castigo la afectación de la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado.
Asimismo, establece una circunstancia agravante “cuando la conducta se realice mediante manipulación informática, programas informáticos maliciosos o por el uso de tecnologías de la información y la comunicación”.