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Cobro de supuestos gastos ficticios

Exdiputado del PLN declaró ante Fiscalía General por presunto fraude contra el TSE

Actualizado el 19 de junio de 2014 a las 12:00 am

Fiscalía recibió a Óscar Alfaro para entrevistarlo como principal imputado

Tras dejar la curul, en mayo, caso del exlegislador pasa a la vía judicial común

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Exdiputado del PLN declaró ante Fiscalía General por presunto fraude contra el TSE

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El liberacionista Óscar Alfaro hizo su declaración ante la Fiscalía General de la República durante 50 minutos. El exdiputado se hizo acompañar por su abogado, Erick Ramos. | MARCELA BERTOZZI

El exdiputado del PLN Óscar Alfaro Zamora declaró ayer ante la Fiscalía General de la República en la investigación por el cobro de presuntos gastos electorales ficticios de la campaña del 2010.

Alfaro figura como uno de los 27 imputados por los delitos de estafa y fraude cuando él era candidato verdiblanco a diputado por el cantón de San José.

A Alfaro se le investiga por, supuestamente, pedir a personas cercanas que contrataran servicios de transporte con el Partido Liberación Nacional (PLN).

Sin embargo, al parecer, estos no se prestaron, aunque sí se cobraron a la agrupación política y ese partido incluyó los cheques por los servicios ficticios en su liquidación de gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). En consecuencia, el órgano electoral pagó esos gastos, por ¢13 millones, a Liberación Nacional, dice la denuncia.

El mecanismo, agrega, habría sido el pago ficticio por medio de cheques a nombre de los colaboradores de la campaña, quienes endosaban el documento y una colaboradora del exlegislador depositaba el dinero en una cuenta perteneciente a una sociedad de Alfaro, OAZ S. A.

Irregularidades. Según el abogado defensor del excongresista, Érick Ramos, el proceso de investigación está lleno de irregularidades desde la etapa inicial de entrevistas que hizo el TSE a más de 90 personas, todas funcionarios del PLN.

“La investigación del TSE está fundamentada en una serie de actuaciones contrarias a la Constitución Política, que contaminan la validez de la prueba”, dijo Ramos.

El abogado sostuvo que hay irregularidades en la investigación “que hizo atípicamente el Tribunal Supremo de Elecciones”.

El órgano electoral presentó su informe ante el Ministerio Público en mayo del 2012.

Tras la indagatoria, el exdiputado Alfaro dijo a los medios que no se abstuvo de declarar.

La Constitución Política le permite a todo imputado abstenerse si se trata de una investigación en su contra. “Desde el inicio de este asunto yo he manifestado que estoy abierto y a la orden de las diferentes autoridades. Aquí estamos para aclarar cualquier duda”, dijo el excongresista luego de conocer el expediente del caso.

Privado. Mediante la oficina de prensa, el Ministerio Público informó de que, por encontrarse el caso en una fase preparatoria de la acusación, el contenido del expediente es privado.

Los fiscales analizan la posibilidad de utilizar la figura de “testigo de la corona”, que sería fundamental para la acusación.

Tras dejar la diputación el 30 de abril pasado, el caso de Alfaro ya no estará en manos del fiscal general, Jorge Chavarría, sino que seguirá el trámite en la vía común.

De hecho, el fiscal que indagó al exparlamentario fue Ricky González, de la Unidad de Delitos Electorales de la Fiscalía.

Chavarría explicó que, de haberse avanzado en el caso antes de que Alfaro perdiera la inmunidad, la Fiscalía no habría podido tomarle la declaración, sino que le habría tocado a la Sala III de la Corte Suprema de Justicia.

“Que la indagatoria se haga ahora no tiene relación con la pérdida de la inmunidad. La cuestión es que el informe contable se atrasó”, dijo. El fiscal general explicó que lo mismo sucede con otro caso sobre financiamiento electoral, en el que figuran como imputados los exlegisladores verdiblancos Antonio Calderón y Alicia Fournier.

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Aarón Sequeira

aaron.sequeira@nacion.com

Periodista de Política

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica. Investiga y escribe sobre negociaciones políticas, pactos partidarios y proyectos de ley de impacto nacional.

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