Errores en plan municipal ponen en apuros a los diputados

Errores detectados en dos artículos del proyecto de ley de transferencia de competencias a las municipalidades tienen en apuros a los diputados, pues no se ponen de acuerdo en cómo se deben corregir esos problemas.

Se trata de un yerro en el artículo 7 del plan de ley, que remite al 13, en donde, supuestamente, se especifica cómo se daría el reparto de los recursos a los municipios para construir vías.

Sin embargo, el artículo 13 no dice nada sobre la asignación de los dineros.

Además, en el numeral 8 del texto se emplea la palabra “ellas” sin que esté claro cuál es la referencia de ese término.

Así explicó el diputado Gerardo Vargas, del Frente Amplio, los problemas hallados por los miembros de la Comisión de Redacción, los cuales fueron advertidos a los jefes de fracción.

Para algunos legisladores, como Otto Guevara, del Movimiento Libertario, y Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (ADC), son problemas de fondo.

Otros, principalmente los promotores de la iniciativa, creen que son errores de redacción que podrían corregirse en el foro que revisa la ortografía y la gramática de los expedientes legislativos antes de su promulgación.

De todas formas, los jefes de los nueve partidos políticos acordaron ayer detener el segundo debate, hasta depurar las normas de la propuesta y despejar las dudas sobre lo que aprobarán.

De prosperar la opinión de que los dos problemas detectados son más que simple asunto de gramatical, el plan iría a modificación a la Comisión de Asuntos Municipales, por vía del artículo 154 del Reglamento legislativo, lo que obligaría a repetir el primer debate del expediente.

Ese primer debate ya se había hecho el martes pasado, luego de casi tres horas de discusión.

Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), alertó ese día de problemas en la redacción del texto por votar, el cual era diferente al que un día antes se había estado discutiendo o en plenario.

El objetivo principal del plan es quitarle al Gobierno un porcentaje extra del que ya les entrega a las municipalidades para la atención exclusiva de la red vial cantonal, a través de una reforma en la asignación de los fondos recaudados con el impuesto único a los combustibles.

Así, de tener a su favor un 7,25% de ese tributo para reparación y construcción de vías, los municipios tendrán un 22,25% de lo recogido con el impuesto, o sea, ¢63.000 millones anuales.

Eso afectaría los recursos de la Hacienda Pública, que hoy es un 66,4% para sus obligaciones, y con el plan vigente solo tendría a mano el 51,4% del tributo.