Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), reveló este jueves que él le pidió al fiscal general, Jorge Chavarría, que considerara la posibilidad de inhibirse de conocer los casos relacionados con el cemento chino debido a una denuncia anónima que lo mencionaba.
Así se lo dijo en una nota enviada el 21 de setiembre, la cual Chavarría nunca le respondió.
Según Espinoza, mediante la línea confidencial del OIJ, se recibió una denuncia anónima relacionada con el caso del cemento, en la que se atribuían presuntas responsabilidades al fiscal general, al magistrado Celso Gamboa y a varios diputados.
"Le paso una nota y le indico que hay imputaciones que se le hacen a él. Con respeto, le digo que considere los artículos relativos a las inhibitorias, se lo enviamos el 21 de setiembre, pero nunca nos respondió esa nota. Le advertimos que la denuncia incluía actuaciones de funcionarios de la Fiscalía General, de la Corte Suprema de Justicía y que se hablaba de un viaje a Panamá", declaró Espinoza este jueves ante los diputados de la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios.
"Esta denuncia me parecía importante. Nosotros el único camino que tenemos es la Fiscalía General, me parecía importante porque además narraba en el último párrafo la existencia de un viaje a Panamá y porque adicionalmente nos señalaba un número telefónico que es el mismo que nosotros imputamos como perteneciente a Juan Carlos Bolaños en el informe".
"Entonces, de alguna manera, más allá de que se trataba de una denuncia anónima, que es muy usual cuando se trata de casos de corrupción, porque la corrupción generalmente no se denuncia de frente sino que hay personas que aprovechan de esta vía y nos narran esta situación, me pareció importante que se investigara y nunca recibimos respuesta".
Actualmente, Jorge Chavarría está suspendido mientras se investiga si la Fiscalía General ignoró los resultados de una investigación de relaciones telefónicas, elaborada por el OIJ, cuando le solicitó a la Sala III desestimar una causa judicial por presunto tráfico de influencias contra los diputado Víctor Hugo Morales Zapata y Otto Guevara.
Espinoza confirmó que, a la hora de evaluar el informe, ni la Fiscalía General ni la Sala III consideraron los casi 200 contactos telefónicos que existieronn entre Morales Zapata y el importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños, así como los 194 entre Otto Guevara y Juan Carlos Bolaños, a pesar de que el informe advirtió de que "las relaciones telefónicas eran positivas".
También mencionó que, a pesar de que él se lo sugirió, Chavarría no le solicitó incluir en el rastreo telefónico a Guido Marín, proveedor de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), así como extender el periodo a un mes más, julio del 2015, que habría sido clave para cotejar si había contactos en las fechas en que supuestamente se habrían intensificado los encuentros entre los denunciados.
En el caso de Marín, precisó que la denuncia anónima que provocó la investigación mencionaba el nombre y el número telefónico de esta persona en el supuesto caso de tráfico de influencias. "Si nosotros ampliamos eso, nos van a aparecer otras cosas", dijo.
El caso fue desestimado el 20 de febrero del 2017 por la Sala III a solicitud de la Fiscalía General y fue reabierto en setiembre. No obstante, Espinoza reveló que ni siquiera con esa reactivación Chavarría le pidió nuevas diligencias.
El jerarca explicó que, en casos de investigaciones contra miembros de supremos poderes, el OIJ no puede actuar sin instrucciones de la Fiscalía General. Es decir, no puede gestionar la apertura de cuentas bancarias, revisar registros telefónicos o hacer entrevistas a personas sin que el fiscal general lo pida.
"Si nos dicen que decomisemos un bombillo, solo decomisamos uno aunque haya otro a la par".
En el caso del cemento, el director del OIJ insistió en que, cuando la Fiscalía General solicitó desestimar el caso, la prueba que se había recabado era apenas inicial, tanto así que en esas etapas es poco usual que haya pruebas contundentes.
Por eso, él recomendó que se ampliaran las diligencias, pero no recibió una respuesta positiva. Se podía, por ejemplo, buscar otras cámaras de video hubiesen podido registrar las reuniones de los investigados, pues en las primeras que se buscaron los resultados no fueron positivos.
"Este tipo de casos el OIJ no los puede llevar solos (...). Lo que no puede suceder es que usted se quede con la duda o la inacción", afirmó el funcionario judicial.
Adicionalmente, Espinoza lamentó que conforme más tiempo pase, la prueba se escode. En su criterio, el tema daba para investigar más.
Mencionó que la última que Chavarría le solicitó hacer una diligencia relacionada con esta causa fue el 10 de noviembre del 2016. Después de la desestimación, en marzo del 2017, no le solicitó tomar ninguna acción, ni siquiera cuando el caso fue reabierto en setiembre de este año.
No le pidió, por ejemplo, nuevos rastreos de personas relacionadas con los supremos poderes, aun después de que el escándalo estalló.
El director del OIJ adujo que, con la llegada de la nueva fiscal general interina, Emilia Navas, los peritos están listos para obtener prueba bancaria. "Creo que vamos a hacer un buen trabajo, tengo seguridad y esperanza", dijo.
Por otra parte, contradijo al fiscal general, quien afirmó que la policía judicial no tenía la capacidad para investigar el caso del presunto tráfico de influencias en la importación de cemento chino.
"El OIJ para abordar este tipo de temas tiene limitaciones materiales y humanas, porque el nivel de delincuencia ha aumentado, pero sí tiene mucha potencia intelectual, tiene gallardía, tiene ganas y está a disposición de la población. Si la Fiscalía nos demanda, como ya está haciéndolo, nosotros estamos en la primera línea de batalla. Tenemos funcionarios capacitados y capaces (...).
"Esas manifestaciones son evidentemente temerarias, me parecen a mí emitidas al calor de un momento, impensadas, pero al final de cuentas lo que provocaron a nivel del Organismo fue más bien que la flama de ganas de trabajo se incrementara", afirmó Espinoza.
"Además de descalificarnos, descalifica la prueba que va a ser sometida a juicio. Es como decir que los soldados que vamos a ir a una guerra son malos. Tal vez debió permitir que la policía entrara un poco más en este tipo de temas", zanjó.