Los diputados endurecieron los requisitos para los candidatos que quieran ocupar la silla que quedó vacante en la Sala Primera, tras la destitución del magistrado Óscar González, por una denuncia de acoso sexual.
“Vamos a ir más allá de la Constitución Política, seremos rigurosos, los aspirantes deberán dar evidencia de su vida”, dijo el legislador del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, quien preside la Comisión de Nombramientos.
En ese sentido, cada candidato deberá certificar que está al día con los pagos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), del Ministerio de Hacienda y del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
También se les exigirá un estudio de las sociedades en las que participen y los terrenos que tiene a su nombre.
Para evitar que mientan sobre estudios universitarios, los legisladores no solo les piden mostrar los títulos, sino aportar las certificaciones.
De igual forma, debe constatar tener un expediente limpio en el Ministerio Público, en la Contraloría General de la República, en el Colegio de Abogados y ante la Defensoría de los Habitantes.
“Queremos que solo se presenten las personas que tienen una trayectoria limpia y desestimar a aquellos que tienen un caso del pasado. Se trata de un magistrado, no podemos jugar con fuego”, aseveró Solís, quien también habilitará un número de teléfono para que la ciudadanía denuncie a los candidatos.
El proceso para seleccionar al magistrado que ocupará una silla de la Sala I durante los próximos ocho años se prevé que se abra la próxima semana, tras hacer pública la convocatoria del concurso en dos periódicos de circulación nacional.
Al final la Comisión recomendará tres nombres al plenario para el cargo, aunque los legisladores finalmente pueden escoger a cualquier otra persona.
Esta no es la primera vez que se endurecen los requisitos para una elección, el mismo trámite se hizo para designar a la sustituta de Ofelia Taitelbaum en la Defensoría de los Habitantes, al conocerse que una de sus sociedades era investigada por una supuesta defraudación fiscal mediante suplantación de identidad.
Audiencias. El lunes los diputados también aprobaron la metodología para seleccionar al defensor adjunto de los Habitantes y la forma cómo se discutirá la reelección del magistrado de la Sala III, Carlos Chinchilla, a quien se le vence su nombramiento el enero del 2015.
En cuando al cargo en la Defensoría, los legisladores acordaron llamar a una audiencia el lunes 2 de noviembre a los tres candidatos que propuso la defensora, Montserrat Solano.
Aunque previo a ello, a más tardar el 30 de octubre, deberán entregar los mismos requisitos que se le solitarán a quienes aspiren al puesto en la Sala I.
En el caso de Chinchilla, el magistrado será llamado a una entrevista el martes 3 de noviembre y deberá presentar un informe sobre su gestión y los logros alcanzados en la Sala III.
Según Solís, la idea es que el mismo día que se realicen las audiencia se defina a cuál de los aspirantes recomendarán al plenario para el puesto de defensor adjunto y si avalan la reelección de Chinchilla.