En dos años, los empleados de ocho entidades del sector público cobraron el pago correspondiente a 22.000 días que dejaron de trabajar con licencias con goce de salario.
Tal dato se desprende de la documentación que 15 instituciones entregaron a solicitud del diputado Mario Redondo, del Partido Alianza Demócrata Cristiana (ADC).
La Nación analizó los datos de ocho ministerios y empresas públicas para este artículo.
El legislador pidió la información sobre permisos con goce de salario entre noviembre del 2013 y octubre del 2015.
Según esa información, de las ocho instituciones, la que más permisos con goce de salario otorgó fue la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), que tiene 1.500 funcionarios que operan los puertos de Limón.
Según el detalle enviado por Japdeva al diputado, la cantidad de días pagados sin trabajar fue de 5.932 en 24 meses, para un costo total de ¢197 millones.
Las licencias se otorgaron, en su mayoría, al amparo de los artículos 43, 44, 45 y 46 de la Convención Colectiva de la entidad portuaria, relacionados con la participación en actividades administrativas propias del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap).
Otra autónoma, el Instituto Nacional de Seguros (INS), que tiene 2.300 empleados en convención colectiva, registra la segunda mayor cantidad de días con licencias pagadas.
La empresa estatal contestó a Redondo que dio 4.917 permisos en dos años, que costaron al país ¢268 millones, también, al amparo de la convención.
En el desglose, firmado por el presidente ejecutivo, Elian Villegas, el INS detalló que por concepto del permiso para asistir a la consulta “Niño Sano”, se otorgaron 196 días con goce de salario a sus empleadas.
Por “enfermedad grave de familiares” se aprobaron permisos por un total de 492 días.
Por “fallecimiento de familiares” fueron 867 días de ausencias pagadas, y por “licencia sindical” 2.277 días, rubro que sumó un costo de ¢143 millones.
Por “matrimonio” la Administración avaló ausencias pagadas por 965 días, 79 días por “nacimiento de un hijo” y 41 días por “preparación de tesis”.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), con 15.000 funcionarios, contestó que otorgó 2.113 días libres pagados.
Las justificaciones de esas ausencias son variadas y van desde la “participación en un fogueo internacional”, “viaje a actividad sindical en Cuba”, “estudios en el extranjero”, “por certificado médico privado”, hasta por “imposibilidad de traslado al trabajo por bloqueo en zona de Orosi”, se lee en el documento.
Empero, el ICE omitió ofrecer al diputado Redondo el cálculo del costo del gasto en el que incurrió al aprobar esas licencias.
En el Consejo Nacional de la Producción (CNP), con 700 empleados, abundan las licencias para actividad sindical.
De los ¢78,2 millones que costaron los permisos de ausencia al trabajo en dos años (2.780 días), ¢64,2 millones corresponden en el CNP al pago de días utilizados para administrar el sindicato.
Gobierno Central. Cuatro de las ocho instituciones analizadas son ministerios. Entre estos, el de Justicia y Paz fue el que más ausencias con goce de sueldo aprobó, en total 3.275 en 24 meses.
El componente sindical, de nuevo, predomina con un costo de ¢36 millones.
El Ministerio de Trabajo autorizó permisos con pago que sumaron 2.288 días, el Instituto Nacional de la Mujer, 479 días, y el Ministerio de Vivienda, 197 días.
Otros cuatro ministerios (Comercio Exterior, Planificación, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, y de la Presidencia), reportaron no haber aprobado ninguna licencia con goce de salario en los últimos dos años, igual que el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).
El legislador Mario Redondo dijo que pidió la información sobre días no laborados con pago de salario para ampliar el contexto en que el Gobierno pide una reforma fiscal para reducir el faltante de recursos con el que el Ministerio de Hacienda lidia para cubrir los gastos. Redondo afirmó que en su investigación detectó que muchos de los permisos se pudieron evitar, con el consecuente ahorro para el país.
La suma de todos los días sin laborar que cobraron los empleados de las ocho entidades citadas es apenas la mitad de los 42.000 días que, en el mismo periodo, la Corte Suprema de Justicia otorgó libres y pagó a sus empleados.
Por esas licencias el Poder Judicial pagó un monto superior a los ¢3.200 millones durante los últimos dos años, según denunció Redondo hace dos semanas.
“Lo triste es comprobar que los jerarcas de muchas instituciones manejan los recursos del pueblo como si fueran bienes de difunto. Si seguimos por esa línea, no habrá reforma fiscal que alcance”, afirmó el diputado.