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Contraloría rehúsa dar aval al ICE para construir obra pública

Actualizado el 11 de septiembre de 2015 a las 12:00 am

Requiere criterio de Procuraduría, la cual adelantó que hay prohibición legal

Eventual ‘no’ del abogado estatal a esa consulta, sería de carácter vinculante

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Contraloría rehúsa dar aval al ICE para construir obra pública

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Personal del ICE trabajó en octubre pasado en obras del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón, en Siquirres (Limón). La Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones señala que el ICE puede vender servicios dentro de su ámbito de competencia, en que no figura ni hacer edificios ni vías públicas. | MAYELA LÓPEZ

El Ministerio de Hacienda quiere convertirse en el primer contratista del ICE para construir obra pública, en este caso, un edificio para instalar un centro de procesamiento de datos.

No obstante, cuando Hacienda consultó a la Contraloría General de la República (CGR) si es posible ese contrato, la entidad fiscalizadora del uso de fondos públicos dijo que solo la Procuraduría General de la República puede evacuar esa duda.

Así se extrae de un criterio del ente contralor en respuesta al oficio DM-1136-2015 del Ministerio de Hacienda en que planteó la pregunta, el 25 de junio.

La Contraloría informó a Hacienda el 13 de agosto que “sería recomendable acudir a la Procuraduría General de la República al ser este el órgano superior consultivo técnico-jurídico de la Administración Pública”.

No obstante, la Procuraduría respondió el 4 de agosto que construir obra vial y edificios no es competencia del ICE, tras una consulta del diputado Otto Guevara, del Movimiento Libertario.

La incursión del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en esas obras solo sería legalmente posible si la Asamblea Legislativa reforma la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones (N.° 8.660) y “el decreto ley que dio origen al ICE”, precisó la Procuraduría.

Ahora, si Hacienda, el ICE u otra entidad pública hiciera la consulta a la Procuraduría, un “no” del abogado estatal sí será vinculante y derribaría el intento del Gobierno de contratar al ICE para tales fines.

Así lo establece la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (Ley N.° 6815) .

“Los dictámenes y pronunciamientos de la Procuraduría General constituyen jurisprudencia administrativa, y son de acatamiento obligatorio para la Administración Pública”, indica dicha ley en su artículo segundo.

Si alguna entidad pública decide contratar servicios al ICE, deberá confirmar antes si están entre sus facultades en los términos que determine la Procuraduría.

“Cualquier gestión de contratación administrativa sometida al criterio de la Contraloría deberá considerar esta indicación”, confirmó Allan Ugalde, gerente de la División de Contratación Administrativa de la CGR.

Maniatado. En este momento, el ICE está amarrado, porque si pregunta se expone a recibir un “no” vinculante, y si no consulta, tampoco tiene la autorización legal.

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Carlos Obregón, presidente del ICE, ha insistido en lanzarse a esta nueva ruta de negocios gracias al apoyo del Poder Ejecutivo.

El presidente Luis Guillermo Solís afirma que el Estado no puede desaprovechar la experiencia y “la capacidad probada del ICE en algunas obras”, como la construcción de túneles.

El Gobierno analiza encargar al Instituto la construcción de un túnel para conectar la carretera de Circunvalación, en Zapote, con la autopista a Cartago, en Hacienda Vieja, Curridabat.

El interés del Ejecutivo en contratar al ICE surgió en mayo tras divulgarse los estados financieros del Instituto, según los cuales cerró el 2014 con un déficit de ¢83.261 millones, debido al alza en el dólar registrada en ese año.

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Juan Fernando Lara S.

jlara@nacion.com

Periodista

Redactor en la sección Sociedad y Servicios. Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio Redactor del año de La Nación (2012). Escribe sobre servicios públicos, tarifas y telecomunicaciones.

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