EscucharLos diplomáticos de carrera tendrán prioridad en los nombramientos para embajadas y consulados en las 52 naciones con las cuales el país tiene relación.
Esta es la promesa que hicieron tanto Luis Guillermo Solís, aspirante presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC), como su adversario del Partido Liberación Nacional (PLN), Johnny Araya, retirado actualmente de la campaña, pero no de la contienda.
Ambos garantizaron que, de ganar las elecciones de segunda ronda, el próximo domingo 6 de abril, no darán puestos en el Ministerio de Relaciones Exteriores como un pago por favores políticos.
Solís sostuvo que no realizará nombramientos de personas que carezcan de los requisitos mínimos para el manejo de las relaciones diplomáticas, aunque no descartó que, ante casos de inopia, deba recurrir a hacer los llamados nombramientos políticos.
“Lo que sí creo es que hay personas en el Partido que tienen las condiciones para ocupar los puestos políticos, que por razones justificadas se necesiten en el servicio exterior”, aseguró.
Con el cambio de gobierno se espera un proceso de sustitución de actuales funcionarios de la Cancillería con personas cercanas al futuro mandatario.
Actualmente, hay 14 embajadores electos con criterios políticos y la Cancillería se encuentra en un proceso para dar mayor espacio a diplomáticos de carrera, de manera que se eviten al máximo los nombramientos políticos, luego del escándalo del 2011.
“Los nombramientos siempre han sido abiertos y de libre remoción, en el momento en que entre el nuevo presidente”, indicó el viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Fernando Salazar.
Reciente. Durante el primer año de la administración Chinchilla, siendo canciller el hoy ministro de Ambiente, René Castro, se hicieron 57 nombramientos de funcionarios ajenos a la carrera diplomática.
El 20 de junio del 2011, La Nación reveló nombramientos en cargos diplomáticos para familiares y amigos de políticos y dirigentes del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN).
En total, la Procuraduría General de la República señaló problemas en 48 nombramientos, los cuales incluían desde cargos en el servicio exterior (en embajadas), hasta plazas administrativas en el servicio interno.
Entre los contratados, figuraban ayudantes de la campaña verdiblanca del 2010, militantes de Liberación funcionarios de anteriores gobiernos del PLN y colaboradores del entonces canciller.
Ese mismo año, Castro dejó la Casa Amarilla.
En su lugar, fue nombrado Enrique Castillo, actual jefe de la diplomacia costarricense, quien, con base en el criterio de la Procuraduría, estableció un proceso interno para eliminar los nombramientos políticos, tanto en el servicio interno como en el exterior.
Para el procurador de la ética pública, Gilberth Calderón, lo conveniente es que todos los puestos se otorguen mediante un concurso de antecedentes.
“La regla debe ser que los funcionarios cumplan con los requisitos y que se escojan mediante concurso, para dar oportunidad a los ciudadanos de presentar sus atestados”, explicó Calderón.
El jurista recalcó que se debe erradicar el pago de favores con nombramientos políticos.
“Ciertamente, la ley establece algunas excepciones en aquellos casos donde existe inopia (donde no hay personas con las calidades que se necesitan para un cargo determinado), pero esto debe tomarse como una medida excepcional”, afirmó el procurador.
En ese sentido, Luis Guillermo Solís aclaró que, si bien no descarta hacer nombramientos políticos en casos de inopia, lo hará “con mucho cuidado”.
