Fracasa negociación en la UNA para que estudiantes abandonen edificio de Ciencias Sociales

La cita se inició a las 11 a. m. y terminó pasada las 1 p. m. en la Plaza de la Diversidad de ese centro de estudios, en Heredia.

La intención de Salom era convencer a los estudiantes de que siempre promovió que el aumento al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el próximo año fuera superior al 3,7% (¢17.709 millones más), pero que su intención no rindió frutos al carecer del apoyo de los demás rectores. El acuerdo sobre el presupuesto del Fondo fue firmado el martes 29 de agosto.

En total. el presupuesto que se propone para cuatro universidades públicas es ¢496.279 millones. La Universidad Técnica Nacional (UTN) participa en las negociaciones pero aún no recibe recursos del FEES; se financia con dinero del Ministerio de Educación.

"Todos partíamos de una petición de 8% (del PIB) para educación y, 1,5% (del PIB) para las universidades. Es público que al final el único rector que se mantuvo apegado al 8% para la Educación y el 1,5% para las universidades fui yo", expresó Salom.

Salom incluso le ofreció a los estudiantes marchar junto a ellos el próximo lunes hacia la Asamblea Legislativa, órgano que debe aprobar el FEES, con la condición de que los alumnos garantizaran que la movilización sería pacífica y que se desocuparán el inmueble de la sede central de la UNA, en Heredia.

Sin embargo, las explicaciones y los ofrecimientos no le bastaron a los manifestantes, quienes se negaron a dejar el edificio.

"Conocemos la situación fiscal del país y la crisis que se enfrenta, sin embargo, el recorte del presupuesto de la educación pública es contraproducente para el bien social, cultural y el ambiente del país. ¿Por qué no hacer recortes a los gastos superfluos del Gobierno, y lo más importante, por qué no hacer la recaudación fiscal de los empresarios evasores?", cuestionó Víctor Chacón, representante de lo que los alumnos denominan la asamblea autónoma de la toma del edificio de Ciencias Sociales.

Chacón también reprochó que durante el fin de semana se les cortaran los servicios de electricidad y agua potable "sin consideración".

Los manifestantes exigen que no se les imponga ningún castigo por impedir el uso del inmueble, pues sostienen que la manifestación es pacífica.

Otras personas se acercaron a la reunión por curiosidad o para informarse sobre la situación.

"Lo preocupante es que disminuir el FEES disminuye la calidad de la educación, y que el FEES se dirija solo a aquellas carreras que no son ciencias sociales, como las ingenierías. Por eso estoy acá", expresó Jacqueline Madrigal, estudiante de licenciatura en la facultad de Filosofía y Letras.

Para Andrey Sojo, quien cursa el primer año de la carrera de Historia, la preocupación es que se reduzcan las ayudas para los alumnos de escasos recursos.

"Entiendo que el 1,5% del PIB está recortado, y jamás, eso es para las becas. Hay un montón de personas que necesitan becas, me incluyo, y que se recorte el presupuesto no está bien", dijo Sojo.

El 3,7% de aumento para el presupuesto de las universidades públicas que los estudiantes reprochan representará un 1,38% del producto interno bruto (PIB) del 2018, o sea, una disminución con respecto al porcentaje del PIB que se otorgó en el 2017, que fue de un 1,42%.

De momento, la UNA no tiene previstas más medidas para que se abra el edificio de Ciencias Sociales, cuya toma ha implicado la cancelación de clases y la reprogramación de exámenes. Las acciones deberán ser acordadas entre la Administración y el Consejo Universitario, dijo Salom.

"Estoy tratando de persuadirlos por las buenas, yo tuve calma para explicarles toda la situación. Ya veremos, nosotros no podemos meter a la Fuerza Pública (...) Si me lo entregan (el compromiso para una manifestación pacífica) y desalojan el edificio yo marcho, sino no, que vean ellos a cuántos convocan", añadió Salom.

El rector también le explicó a los jóvenes, que el 1,5% del PIB que exigen no es un porcentaje que se establezca en la Constitución Política, pero aseguró que apoyaría una reforma constitucional para que así se determine.

Según dijo, durante la negociación de la Comisión de Enlace hubo una "crisis" interna entre los rectores y él fue el único que defendió la exigencia de un FEES superior.

No obstante, añadió, firmó el FEES porque la Constitución establece que los diferendos deben resolverse en la Asamblea Legislativa.