Para recortar el gasto en incapacidades, el Poder Judicial apostó por una medida más drástica, pero también más compleja.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y otras entidades optaron por quitarle la categoría de salario al ingreso que reciben los trabajadores incapacitados.
Esto les permitió eliminar dicho rubro del cálculo de otros extremos laborales como el salario escolar, aguinaldo y pensión.
Sin embargo, en todos los casos las instituciones mantienen el pago del 40% del salario al trabajador mientras permanece ausente por enfermedad.
Esto, más el subsidio del 60% de la Caja, les permite recibir el 100%. En el sector privado, a partir del tercer día los patronos no le pagan al trabajador incapacitado por enfermedad.
El Poder Judicial se propone ir más allá y eliminar del todo el pago de ese 40% que los patronos del sector público han asumido en forma voluntaria.
La propuesta, en primera instancia, procura reducir el número de incapacidades y luego recortar el gasto por estas.
Sin embargo, tiene una complicación mayor: debe ser aprobado por la Corte Plena y después por la Asamblea Legislativa.
En las demás instituciones que ya aplicaron el ajuste simplemente se modificaron normas internas o se giró una directriz.
Otras entidades que actualmente analizan su normativa para aplicar cambios en el pago de incapacidades y beneficios asociados son el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).