El litigio legal para expropiar un terreno al sur de la pista de aterrizaje del aeropuerto Juan Santamaría, impide ampliar la franja de seguridad de esta terminal aérea internacional.
Actualmente, en el lote está ubicado el restaurante La Candela. La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) calculó el valor de ese terreno en ¢168 millones ( ¢124 millones por el lote y la infraestructura, y ¢44 millones por el derecho comercial). Sin embargo, Óscar Rojas, dueño del restaurante, exige más de ¢1.000 millones para salir de allí.
Patricia Arce, directora del Departamento Legal de la Dirección General de la DGAC, explicó que los dineros están en depósito judicial, esperando que se resuelva un proceso ante el Tribunal Contencioso-Administrativo que el dueño del local emprendió.
Rojas, por medio de una empleada del restaurante, declinó dar declaraciones a
Lo anterior lo exige la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), debido a las características de los aviones que aterrizan en el aeropuerto.
El avión de pasajeros más grande que aterriza en Costa Rica es el A340, de la firma española Iberia, con 60 metros de largo y con capacidad para trasladar a 375 personas.
“El objetivo es que los vecinos estén a más de 150 metros de distancia de la pista, y que, en caso de accidente en donde la aeronave se salga de la pista, el avión tenga un espacio antes de llegar a la población cercana”, explicó Jorge Fernández, director de Aviación Civil.
El litigio por los terrenos del restaurante La Candela se inició desde el 2002. Ese es un comercio muy visitado por su cercanía con la terminal aérea. En La Candela trabajan 14 empleados.
Esperanza Torres, quien habita esos terrenos, recogía ayer algunas tablas de madera que alguna vez dieron forma al rancho en donde vivió con sus cuatro hijos y 12 nietos.
“El sábado anterior se cumplió el tiempo que nos dieron los del aeropuerto para salir, pero no tengo dinero para llevarme las tablas para otro lado. No nos interesa este terreno”, mencionó.
Torres explicó que, al menos, otras 15 familias nicaraguenses están en su misma situación.
Ante el desalojo, han corrido unos metros más sus casas de madera para estar fuera del rango de seguridad que establece la terminal aérea.