EscucharLa Junta de Educación de San José se resiste a acatar la orden del MEP para dejar de controlar el presupuesto de 20 escuelas del cantón.
Un decreto emitido por el Ministerio de Educación Pública (MEP) en el 2011 obligó a disolver las juntas cantonales de educación, al considerar que cada escuela debía tener un órgano propio.
El objetivo es promover la transparencia y una mejor fiscalización de los fondos, pues cada centro tendría una cuenta bancaria propia.
Dos años después, sin embargo, siguen funcionando 15 juntas cantonales y la más grande de todas es la de San José, que administra recursos para 10.250 niños.
Para este año, este órgano maneja un presupuesto de ¢760 millones para gastos operativos y transporte estudiantil. No se conoció el monto para infraestructura.
Además de oponerse al decreto, la polémica rodea el funcionamiento de este órgano debido a su conformación, que estuvo a cargo del Concejo Municipal josefino.
El Concejo nombró en febrero de 2012 a miembros para el periodo que se extiende hasta el 2015; tres de ellos son exregidores.
Sonia Zamora, presidenta municipal, no quiso referirse a esos nombramientos y pidió evacuar la consulta con su asesor, por tratarse de un “tema técnico”. El asesor no atendió los llamados.
Esa nueva Junta que nombró el Concejo fue elegida pese a dos criterios de la propia Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad, los cuales señalaban la “nulidad absoluta” del acuerdo y recomendaban integrar, cuanto antes, la junta de cada escuela.
La decisión de hacer los nombramientos también fue cuestionada por varios regidores, según consta en actas del Concejo.
“Para mí, todo el acto es nulo. El decreto es muy claro y daba tiempo hasta el 31 de diciembre del 2011. Yo era de la teoría de que a la Junta se le debía nombrar por seis meses más para hacer la liquidación de bienes, pero no fue así”, manifestó el regidor Rolando Murillo.
El presidente de la Junta, Héiner Méndez, defendió su nombramiento y alegó que el decreto contraviene una ley, la cual tiene mayor jerarquía jurídica.
“El decreto es contrario a la Ley Fundamental de la Educación que dice taxativamente que habrá una junta de educación por cada distrito escolar. El MEP tendría que empezar por crear los distritos escolares; es decir, reformar la ley”, justificó Méndez.
Asimismo, señaló que la terna de la cual él formó parte fue avalada por la propia Supervisión Regional del Ministerio.
El viceministro de Planificación Institucional del MEP, Mario Mora, dijo que siguen girando dinero a la Junta de San José porque de las 22 escuelas que la conformaban, solo dos tienen juntas propias.
“El problema que tendríamos jurídicamente es que para poder cumplir el transitorio (que puso plazo definitivo a juntas cantonales), tendríamos que paralizar el funcionamiento de los centros educativos; es decir, el no giro de fondos”, explicó Mora.
Investigación. En febrero, el viceministro informó de que el MEP tiene bajo investigación a la Junta de Educación de San José por “hallazgos” en el presupuesto.
Según Mora, este incluye un 20% destinado al funcionamiento de la Junta, aunque la legislación establece que esos recursos son para atender las necesidades de los centros educativos.
“También he pedido información sobre los contratos de proveedores, de alimentación y servicios de vigilancia”, indicó Mora.
El mes pasado, trascendió que 10 propiedades de la Junta de San José, incluyendo la que alberga la Escuela República de Chile, estaban en peligro de ser rematadas por la Municipalidad.
Según Méndez, el remate correspondía a una deuda del impuesto de bienes inmuebles de administraciones anteriores.
Además, aseguró que el cobro judicial es el que impide traspasar la propiedad de la Escuela República de Chile, una de las dos que ya consolidó su propia junta.
“El tema de la Junta me gusta porque siento que puedo retribuir algo a la sociedad. Yo no tendría problema en irme para mi casa, máxime que esto es ad honórem”, agregó Méndez.
Sin embargo, en dos cartas enviadas al Concejo, se opuso a los nombramientos para juntas de tres escuelas en proceso de independizarse porque su nombramiento vencería hasta el 2015.
