María de los Ángeles Fernández, jefa de Licencias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, recurrió a la Sala IV para impedir que la despidan sin responsabilidad patronal por “pérdida de confianza”.
La funcionaria alega que se le está juzgando en dos ocasiones por un mismo hecho y que no se le permitió el derecho a un debido proceso y a la legítima defensa.
El caso se remonta a setiembre del 2009, cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a una persona que llevaba una caja con 500 tarjetas plásticas nuevas en blanco, para la confección de licencias.
Producto de ese hallazgo, la Auditoría del Ministerio realizó una investigación en la que concluye que Fernández no ejerció su cargo como correspondía “y permitió el manejo irregular de la bodega” de la cual desaparecieron los materiales.
Con base en ese informe, en abril de este año el ministro de Transportes, Francisco Jiménez, envió a la Dirección General del Servicio Civil una gestión de formal despido contra María de los Ángeles Fernández.
Sin embargo, Fernández recurrió a la Sala IV en ese mismo mes, y alegó que no se le ha permitido la legítima defensa ni se ha seguido el debido proceso en su contra.
Como prueba, la funcionaria manifiesta que el informe de Auditoría recurrió a otros informes del 2006, cuando también se abrió una investigación por desaparición de materiales para licencias.
“En la gestión de despido se hace referencia a una relación de hechos (...) que corresponden a hechos sucedidos cuatro años atrás (2006), mismos que ya fueron revisados y archivados”.
En el recurso de amparo, Fernández alega que “no se le puede iniciar una investigación dos veces por los mismos hechos”.
Consultado al respecto, Francisco Jiménez confirmó que el proceso continúa en el Servicio Civil y en la Sala Constitucional, pero que, tres meses después, aún no hay una resolución al respecto.