En una sesión privada, el gerente de Telecomunicaciones del ICE, Claudio Bermúdez, compareció ayer ante la Contraloría General de la República para dar cuentas sobre un fallido proyecto de Internet inalámbrico.
El órgano contralor investiga eventuales responsabilidades de Bermúdez en la ejecución del plan que significó para el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) una erogación cercana a los $26 millones (¢13.390 millones).
La audiencia convocada para este lunes a las 9 a.m. era pública. No obstante, el abogado de Bermúdez, Édgar Alfaro, pidió declararla privada, con el argumento de que se revelarían información financiera sensible para la institución, en un marco de competencia.
Raúl Camacho, abogado instructor de la Contraloría, acogió el alegato e impidió el ingreso de La Nación a la sala.
Por este caso, además se investiga a Iván Flores, director de Redes y Sistemas del Instituto.
El caso. Los hechos se remontan al 2005 cuando el ICE promovió una licitación para adquirir un sistema inalámbrico empresarial (SIE), que ofrecería 1.200 enlaces a Internet inalámbrico de 4Mbps para empresas, con tecnología WiMax.
La compra por $11,2 millones fue adjudicada a la empresa Datatell Tres Mil de Costa Rica, en agosto del año 2006.
Sin embargo, al 27 de julio de 2009 el sistema apenas contaba con 248 clientes y ya se daban advertencias de un eventual fracaso.
En julio del 2008, cuando la implementación del SIE aún estaba en camino, el ICE decidió lanzar otro proyecto, al que llamó “Evolución del Sistema Inalámbrico Empresarial (E-SIE).
La nueva contratación por $14,5 millones fue directa y se adjudicó a la misma compañía.
El plan procuraba ampliar el uso de esa tecnología a clientes residenciales. Para ello adquirieron 35.000 CPE (equipo para que cada usuario se conecte), antenas para sitio de cliente, así como un sistema de administración de llamadas (Voice-WiMax) y capacitación.
Según consta en un informe de la Auditoría Interna del ICE, de octubre del 2009, para esa fecha apenas estaban 250 unidades en la etapa de instalación y prueba.
Asimismo, solo se habían facturado $370.294 de los $3,2 millones proyectados por el Instituto.
En setiembre del 2009, la entonces diputada del Partido Acción Ciudadana, Leda Zamora, solicitó a la Contraloría investigar los proyectos, pues aparte de retrasos, había advertencias de los inspectores sobre incumplimientos del contratista con las normas mínimas de calidad y especificaciones técnicas.