La Cámara de Expendedores de Combustibles reclama la toma de medidas contra la entrada ilegal de gasolina con plomo.
Según la denuncia de los gasolineros, este tipo de carburante ingresa al país desde la zona fronteriza con Panamá.
Así lo consignó el director ejecutivo de la Cámara, José Miguel Masís, quien además dijo que llevan cuatro años reportando la situación a diferentes autoridades.
En concreto, la institución recurrente pidió adoptar medidas al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), al Ministerio de Salud, al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
También hicieron denuncias, dijo Masís, ante la Policía de Tránsito, la Fuerza Pública y la Policía Fiscal de Hacienda de la zona sur.
“La Casa Presidencial ha tenido muy clara la problemática; sin embargo, no ha sido así con las medidas que se debieran tomar”, apuntó Masís.
La comercialización de la gasolina con plomo se estaría dando en sitios no autorizados, como patios, en los que se instalan surtidores, comentó el director de la Cámara.
El plomo en los carburantes está prohibido desde 1996, debido a los daños en la salud que puede causar esta sustancia.
Asimismo, esta clase de carburante fue sacada del mercado en Panamá en el 2002.
Por esa razón, René Castro, ministro del Minae, manifestó que “no es lógico que llegue combustible con plomo desde un país en el que tampoco se vende”.
Sin embargo, Castro reconoció que sí tienen conocimiento de contrabando de gasolina, aunque no constancia de que contenga esa sustancia.
“De momento no hemos recibido nombres ni señalamientos, pero sí vemos un flujo, por lo que vamos a actuar con la Policía Fiscal en la frontera”, expuso el ministro.
Por su parte, Recope informó de que será hoy en el Consejo de gerentes cuando valoren las opciones, según Shionny Porras, directora del Departamento de Comunicación.
“Nos informaron de una constante disminución comercial y, por tanto, de ingresos”, agregó Masís.
Desde la Cámara añadieron que la denuncia no la interpusieron contra ningún actor específico, pero están en investigaciones.
En algunas ocasiones, el diferencial con el precio de la gasolina regular podría ser hasta de ¢200, apuntó.
Por el momento, la Cámara de Expendedores ha mantenido reuniones con las diferentes autoridades a las que se ha dirigido.
Lo último, según Masís, es la intención desde la Casa Presidencial de uniformar el criterio para tomar decisiones concretas.
Esto se debe a que no solo es un ministerio el que tiene potestad sobre este asunto, añadió.