El exregulador general Hermann Hess Araya reclama el pago de ¢840 millones al Estado y al ICE por haberlo acusado erróneamente en el 2005 de fijar tarifas ilegales para la compra de energía a generadores privados.
Así consta en una acción civil por el delito de denuncia calumniosa, presentada el pasado 8 de junio ante la Fiscalía de Pavas.
El economista, de 56 años, alega daño moral y económico por la fallida denuncia de prevaricato (emitir resoluciones contra la ley) presentada en su contra.
Hess, al igual que los exjerarcas de la Aresep, Leonel Fonseca y Aracelly Pacheco, quienes enfrentaron los mismos cargos, fue absuelto de toda pena y responsabilidad sin ni siquiera ir a juicio.
Durante el proceso, a los denunciados les impusieron medidas cautelares como impedimento de salida del país y presentarse a firmar cada 15 días.
Luego de cuatro años de litigio, el fiscal encargado del caso desistió de la acusación.
Según el fallo emitido por el Juzgado Penal de Pavas, el 21 de enero anterior, la Fiscalía los acusó erróneamente de prevaricato.
Ayer, se intentó conocer la opinión de Segura, pero no respondió en su celular.
Carolina Rodríguez, periodista del Ministerio Público, dijo que se le había imposibilitado obtener una reacción del fiscal pues los funcionarios judiciales están de vacaciones esta semana.
Asimismo, la demanda involucra al exdirector jurídico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Geovanni Bonilla, quien en el 2007 se sumó a la causa y presentó un reclamo civil por ¢24.000 millones contra los exreguladores.
Bonilla los responsabilizaba de causarle un daño económico al Instituto al fijar tarifas excesivas para la compra de energía eléctrica a empresas privadas.
Sin embargo, dos meses después el funcionario retiró los cargos, luego de reconocer que las supuestas pérdidas estaban basadas en una estimación errónea.
Bonilla, quien dejó el ICE en junio de 2008, indicó que no puede referirse al tema pues está en curso, aunque no ha sido notificado.
“Mi actuación en aquella oportunidad se derivó de documentos técnicos emanados por autoridades del ICE y que al muy poco tiempo de haberse presentado se señalaron rectificaciones de parte de los mismos técnicos y en forma inmediata se retiró la gestión”, contó .
Asimismo, pretende que se le reconozcan ¢265 millones por salarios caídos, ¢55 millones por la pérdida de una oportunidad laboral fuera del país, y $40.000 por costas y honorarios de abogado.
También pide condenar a los demandados al pago de intereses (15% anual) desde la fecha de las manifestaciones ofensivas, hasta el pago efectivo de los daños.
“De mil formas se le hizo saber al fiscal (Rónald Segura) que en este caso no había nada, pero él siguió adelante a sabiendas de que estaba afectando la vida de otras personas”, aseguró Hess.
Por su parte, el exregulador Leonel Fonseca confirmó que sus abogados también preparan un reclamo civil. No fue posible conocer la versión de Aracelly Pacheco.