El futuro de la megaplanta hidroeléctrica que el ICE pretende construir en la cuenca del río Térraba dependerá de la generosidad del Estado costarricense con los pobladores de la zona sur.
El Diquís, la obra constructiva más grande en la historia del país y con 650 megavatios de capacidad instalada, es clave para garantizar el suministro eléctrico a partir de noviembre del 2018.
Su construcción cambiará para siempre la vida de los habitantes de 10 comunidades que deberán ser reasentadas, parcial o totalmente, en otros sitios.
También impactará territorios indígenas, bosques, humedales, ríos, flora, fauna y sitios de gran riqueza arqueológica.
Para los pobladores de la zona, hay daños irreparables, pero hay otros que sí podrán ser compensados por el ICE y el Estado, a cambio del apoyo.
En esta especie de trueque, los vecinos piden que se les construya un hospital, carreteras, puentes, acueductos, centros de estudio y la recuperación de territorios indígenas, así como nuevas fuentes de trabajo.
La mayoría de estas peticiones se hicieron reiteradamente y desde hace años, pero a la fecha no hay respuesta gubernamental.
Si el ICE y el Estado atienden las demandas, el camino para desarrollar El Diquís se allana. En caso contrario, irá cuesta arriba.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) reservará una parte del costo total del proyecto, estimado en $2.072 millones, para obras y programas de mitigación y compensación debido al fuerte impacto social, cultural y ambiental que tendrá.
No obstante, el gerente de Energía del ICE, Gravin Mayorga, reconoce que las demandas de los pobladores van más allá de lo que la institución puede atender. Requiere la participación activa del Estado y sus instituciones, dijo.
En criterio de Mayorga esto hace que El Diquís deba verse como un proyecto-país y no solo del ICE.
Para atender este tema, el Gobierno conformó una comisión que integran 15 instituciones públicas.
El comité es coordinado por el primer vicepresidente, Alfio Piva, quien a principios de mes visitó la región y se comprometió a prestar atención a las demandas comunales. Lo que aún no ha definido es cuál será la fuente de financiamiento para concretar los planes.
El índice de desarrollo humano, que mide el acceso a servicios como salud, educación y vivienda, lo ubicó en el 2004 en el puesto 76 en el
La economía del cantón gira alrededor de la agricultura, producción de granos básicos, ganadería y el cultivo de piña.
De ahí que la construcción de la represa también sea vista como una oportunidad. “Pero debemos sentarnos a negociar”, sentencia el alcalde local, Carlos Luis Mora.
La construcción de un hospital acorde con las necesidades de sus 47.500 habitantes, encabeza la lista de peticiones del ayuntamiento.
Hoy, el cantón solo cuenta con una clínica de atención básica.
A esto se suman otras necesidades urgentes como la construcción de un acueducto para el distrito central, una planta de tratamiento de aguas negras, edificación de puentes y rehabilitación de la red de caminos.