Durante una audiencia efectuada en el Tribunal Contencioso Administrativo en Calle Blancos, Goicoechea, los representantes legales de las tres partes alegaron un mayor daño al interés público de no permitirse el pago.
Según razonaron, esto implicaría un incumplimiento del contrato que el Estado asumió con la empresa concesionaria a cargo de la vía, Autopistas del Sol.
Por lo tanto, habría que pagarle una cuantiosa indemnización a la empresa.
El abogado de la Aresep, Geovanny Marchena, también alegó que prolongar la suspensión del cobro pondría en cuestión la credibilidad del Estado como parte contratante, y podría perjudicar futuras concesiones.
La solicitud de las medidas fue hecha por los alcaldes de Santa Ana, Mora y Puriscal, quienes defienden que la apertura de la vía es peligrosa.
Durante la audiencia, la parte actora aportó como prueba un video y fotos que muestran el caos vial que se viven en la zona.
El Estado argumentó que la apertura del peaje no tiene vínculo con ese caos.
Por otro lado, la representante del Estado, Andrea Bogantes, aportó como prueba un reclamo administrativo de la concesionaria, quien alega pérdidas de casi ¢3.000 millones al no poder cobrar el peaje entre octubre del 2009 y abril del 2011.
El juez contencioso administrativo, Martín Conejo, ordenó un receso hasta la 1:30 p. m., cuando cada una de las partes tendrá media hora para presentar sus conclusiones.