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Rabat. EFE. Los países de mayoría musulmana han demostrado ser los más reacios para abolir la pena de muerte. De hecho, las ejecuciones y condenas a muerte han crecido en el último año en esta parte del mundo, según reveló el informe mundial de Amnistía Internacional (AI ) revelado el miércoles.
Aunque una buena parte de los países ya no llevan a cabo ejecuciones, la pena capital “pende como espada de Damocles” sobre todos los juzgados y los miles de condenados que esperan años en los corredores de la muerte, como destacó Mohamed Sektaui, quien encabeza la sección de AI en Marruecos, en la presentación del informe.
A excepción de China, que se considera el país con mayor número de ejecuciones, pero son secreto de Estado, los tres países del mundo que más aplican la pena de muerte son musulmanes: Irán (al menos 977 ejecuciones en el 2015), Pakistán (326 ejecuciones) y Arabia Saudí (158 casos probados).
Entre diez países de todo el mundo que ejecutaron a más de diez reos el pasado año, ocho son de mayoría musulmana, y entre ellos se encuentran Irak, Egipto, Somalia, Indonesia y Chad.
Pero, además, las legislaciones de los países del norte de África más Oriente Medio incluyen en su legislación la condena a muerte aunque no la apliquen. De hecho, en diez países se registraron sentencias que luego no se aplicaron.
En total, en esa región de mayoría árabe, se ejecutó a 1.196 presos en el 2015 y se pronunciaron 831 condenas a muerte, cifras ambas que suponen un aumento con respecto a las registradas el año anterior.
Mientras la tendencia mundial es ir hacia la abolición (de 39 países que aplicaron ejecuciones en 1996 se pasó a 25 en el 2015), ninguno de los países musulmanes se ha sumado a esta corriente, aunque muchos de ellos no apliquen la pena de muerte desde hace décadas.
Por ejemplo, Marruecos y Argelia no la ejecutan desde 1993. Sin embargo, sus tribunales siguen condenando a muerte, destacó AI.
El informe de la organización defensora de los derechos humanos no entra en consideraciones sobre las razones culturales o religiosas de la resistencia al abolicionismo en el mundo musulmán, pero cita el caso de Kuwait, un país cuyo Gobierno ha rechazado explícitamente abolir la pena de muerte invocando a la sharia (ley islámica) como fuente principal de su legislación.
Los argumentos de Kuwait son válidos para el resto del mundo musulmán, donde prima todavía el “ojo por ojo” como lo establece el Corán, quedando exentos de ella casos en los que la familia de la víctima perdona expresamente al agresor.
Con gobiernos de signo islamista o conservador en buena parte del mundo musulmán, es improbable que se emprendan pasos hacia el abolicionismo total, y como máximo –como sucede en Marruecos– se reducirá el número de delitos merecedores de la pena de muerte, pero sin llegar a su eliminación.
Sektaui recordó que los gobiernos siempre invocan los casos de terrorismo y los crímenes que provocan gran alarma social (especialmente aquellos donde las víctimas son menores) para mantener una pena que su organización pide abolir sin excepciones.
Sin embargo, varios miembros de ONGs presentes en la sala invocaron a una opinión pública mayoritaria en Marruecos -y presumiblemente también en todo el mundo musulmán- partidaria de la pena máxima para los asesinos o violadores de niños, lo que hace difícil lograr un consenso social contra la pena capital.
