EscucharRío de Janeiro. AFP. Con la presidenta Dilma Rousseff amenazada por un juicio de destitución y su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, investigado por corrupción , Brasil permanece más dividido que nunca.
El Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) y las organizaciones sindicales consiguieron el viernes sacar a unas 270.000 personas a las calles en todo el país (1,2 millones según los organizadores) para denunciar las tentativas de golpe contra Rousseff.
El propio Lula, designado ministro jefe del gabinete el miércoles por la mandataria, se dirigió a la multitud en São Paulo, con la pasión de sus años de sindicalista enfrentado al régimen militar (1964-85).
Contraparte. La movilización fue de menor envergadura que la r ealizada el domingo pasado por la oposición , con tres millones de personas exigiendo la renuncia de Rousseff, pero cumplió con los objetivos del Gobierno, según analistas.
La tensión política y social corre el riesgo de intensificarse en las próximas semanas, dado que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, está decidido a acelerar el proceso contra Rousseff, acusada de haber manipulado las cuentas públicas en el 2014 , el año de su reelección, y a inicios del 2015.
La Cámara realizó el viernes la primera sesión de las 15 previstas para que una comisión especial recomiende abrir o archivar un pedido de juicio de destitución, y esa etapa debería concluir en unos 30 días, declaró Cunha.
El proceso. Un eventual criterio favorable a un juicio de destitución debe ser aprobado por los dos tercios de la Cámara (342 de los 513 diputados) y si el Senado lo ratifica, Rousseff será apartada de su cargo por un plazo máximo de 180 días, en espera de un voto definitivo.
La movilización del viernes pudo poner un poco de ungüento en el ánimo de la izquierda brasileña, pero el alivio duró poco.
La muchedumbre de la avenida Paulista aún no había acabado de dispersarse, cuando un juez de la Corte Cuprema decidió bloquear el nombramiento de Lula como ministro y devolver a la Justicia ordinaria la investigación por presunta ocultación de bienes que se le sigue en el marco del gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras.
Así, el caso vuelve a manos del juez de primera instancia Sergio Moro, de Curitiba, desde donde el magistrado lanzó hace dos años la operación Lava Jato (Lava Coches) que hace temblar a la élite económica y política del país.
Con una frialdad casi temeraria, el funcionario, convertido en héroe de los manifestantes antigubernamentales, pronunció ya casi 100 condenas e implicó en sus acusaciones al hasta ahora intocable Luiz Inácio Lula da Silva.
El 4 de marzo, la Policía irrumpió en el domicilio del expresidente para conducirlo a un interrogatorio forzado.
Moro puede ordenar la detención de Lula, pero necesitaría tener hechos que la justifiquen.
