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Los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela frente al Parlamento. (AP)
Caracas
La Asamblea Constituyente venezolana dio este martes un nuevo paso en su ofensiva contra la oposición, al anunciar que enjuiciará por "traición a la patria" a líderes a quienes acusa de promover las sanciones de Estados Unidos contra el país.
Los constituyentes aprobaron un decreto para iniciar "conjuntamente con los órganos del Estado un juicio histórico por traición a la patria contra los que estén incursos en la promoción de estas inmorales acciones contra los intereses del pueblo venezolano".
Aunque el documento no menciona a nadie en particular, los asambleístas que intervinieron en la sesión acusaron a la dirigencia opositora, y en particular al presidente del Parlamento, Julio Borges, y a su vicepresidente, Freddy Guevara.
"Sabemos que Freddy Guevara es un delincuente y tiene que pagar, que Julio Borges es otro delincuente que tiene pagar, ellos no tienen patria", arengó la asambleísta Iris Varela, arrancando aplausos de sus colegas, todos chavistas.
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La Constituyente decidió además solicitar a los órganos del Estado "el inicio inmediato de las investigaciones" contra los acusados.
El juicio se iniciará ante un llamado del presidente Nicolás Maduro, quien señala a Borges como el principal responsable de alentar las sanciones que prohíben "transar nueva deuda emitida por el gobierno de Venezuela y la petrolera estatal" PDVSA.
El delito de traición a la patria, según el Código Penal, contempla una pena de 20 a 30 años de prisión.
Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) –acusado de servir a Maduro–, propuso el 15 de agosto ante la Constituyente elevar la pena máxima de ese delito a "más de 50 años".
Según la oposición, en Venezuela hay unos 590 "presos políticos".
Tras las medidas del gobierno de Donald Trump, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció el domingo que respalda cualquier sanción contra la administración de Maduro.
"Sanciones de quien sea a vagabundos, violadores de derechos humanos y saqueadores de los recursos públicos siempre contarán con nuestro apoyo", señaló la alianza en un comunicado.
El considerado número dos del chavismo y asambleísta, Diosdado Cabello, quien leyó el decreto, dijo que la oposición no solo alienta sanciones económicas, sino "invasiones", en alusión a la advertencia de Trump de valorar una "opción militar" frente a la grave crisis política y económica venezolana.
"Debe aplicárseles todo el peso de la ley", exigió.
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Borges también está siendo investigado por la "comisión de la verdad", una instancia de la Constituyente que documenta la "violencia política" desde que el chavismo llegó al poder en 1999.
"Julio Borges denigra de la forma más vil al venezolano (a), considerándolo una amenaza a la región para justificar intervención imperial", expresó más temprano en Twitter Delcy Rodríguez, presidenta de la Constituyente.
Antes del debate de la Constituyente, Borges desestimó las acusaciones.
"Traición a la patria es robarse el dinero de los venezolanos (...), traición a la patria es arrodillarse frente a Cuba o cualquier otro gobierno extranjero, traición a la patria es que hoy los venezolanos coman basura en la calle, que la gente se muera porque no hay medicinas", declaró el diputado a periodistas.
La Constituyente regirá Venezuela dos años con poderes absolutos, a pesar de que no es reconocida por una docena de países de la región, Estados Unidos, España, y organizaciones como la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Mercosur.
El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este martes que el gobierno de Maduro ha instaurado una "dictadura" en Venezuela.
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"Una dictadura intenta perpetuarse a un precio humanitario sin precedentes", dijo Macron en su primer gran discurso sobre política extranjera.
La exfiscal general, Luisa Ortega, destituida por la Constituyente en su primera sesión, ha sido una de las principales detractoras de ese órgano por considerarlo "ilegal" y parte de una "ambición dictatorial" de Maduro.
La abogada chavista salió de Venezuela tras denunciar una persecución por parte del Gobierno tras su ruptura con Maduro, a quien ahora acusa de estar involucrado en el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.
Antes del debate de la Constituyente, el presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento, Juan Guaidó, presentó un informe al Legislativo en el que insta a repatriar fondos que sospecha son fruto de la corrupción y que podrían ascender a unos $600.000 millones.
