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El líder brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el lunes en Teherán (Irán). Grupos de derechos humanos le reclaman, luego de siete años como presidente, su poco afán por esclarecer las desapariciones durante la dictadura. AFP.
A partir de mañana, Brasil enfrentará en Costa Rica su primer juicio internacional por crímenes ocurridos en la dictadura militar que gobernó el país de 1964 a 1985.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchará este jueves y viernes testimonios de las partes en el caso Gomes Lund (también llamado Guerrilla de Araguaia) sobre la detención arbitraria, tortura y desaparición de unas 70 personas que el Ejército habría ejecutado de 1972 a 1975. Esas operaciones aniquilaron un movimiento de resistencia a la dictadura, surgido a orillas del río Araguaia en el estado de Pará.
Familiares de las víctimas y grupos defensores de derechos humanos persiguen que se obligue al Estado brasileño a investigar los hechos, juzgar a los implicados y brindar información y recursos para la localización de los desaparecidos hace casi 40 años.
Estos hechos jamás han sido indagados por la aplicación de una ley de amnistía que Brasil emitió en 1979 y que será uno de los principales ejes del debate explicó ayer Viviana Krsticevic, directora de Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
El caso Araguaia llega a la Corte, con sede en San José, después de que el 29 de abril anterior el Supremo Tribunal Federal de Brasil (máximo órgano de justicia) se negara a revisar la aplicación de la ley de amnistía inicialmente solo para quienes se resistieron a la dictadura y que luego se amplió a quienes participaron en violaciones a los derechos humanos en esa época.
La ley ha sido presentada por el Estado brasileño como su principal razón para resistirse a investigar.
“Esta posición brasileña incluso es contraria a resoluciones de la Corte Interamericana en otros casos donde los violadores de derechos humanos quedaron excluidos de amnistía alguna”, explicó Beatriz Affonso, del Programa de Cejil para Brasil ligada al proceso.
Affonso y Krsticevic denunciaron que, aun cuando el juicio apenas se inicia, el ministro de brasileño de Defensa, Nelson Jobim, ha sugerido públicamente a la prensa que el Estado desobedecerá una condena si es hallado culpable.
Janaína Teles, historiadora y miembro de la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos de Sao Paulo, enfatizó que familiares y grupos demandantes en el caso perciben hace años un fuerte sesgo político en el caso.
“Muchos políticos que ayudaron a crear la ley de amnistía siguen en altas esferas del gobierno de Lula. Mi país tiene muchas leyes heredadas de esa dictadura, pero hay sectores que no quieren cuestionar o enfrentar ese legado”, precisó ayer Teles.
Luego de las audiencias esta semana, la Corte podría tardar de cuatro a cinco meses antes de dictar sentencia; justo en plena campaña para la elección presidencial brasileña el 3 de octubre; tema que, según los demandantes, también ha politizado el caso.
