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Parlamento japonés aprueba polémica ley de secretos

Actualizado el 06 de diciembre de 2013 a las 04:55 pm

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Parlamento japonés aprueba polémica ley de secretos

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Tokio

El parlamento japonés aprobó el viernes una ley de secretos de Estado que endurece las penas a autoridades que filtren información y para los periodistas que busquen información, que invalida la crítica y puede usarse para encubrir abusos del gobierno y suprimir libertades civiles.

La coalición gobernante impulsó la votación de una ley por parte de un comité de la cámara alta el jueves. Pese a las tácticas dilatorias de los partidos de oposición la cámara en pleno aprobó la ley el viernes por 130 votos a favor con 82 en contra.

La cámara baja, que tiene más poder, había aprobado la ley la semana pasada.

El primer ministro Shinzo Abe, quien trata de reforzar el papel de Japón en la agenda de seguridad global y favorece un gobierno autoritario dijo que la ley es necesaria para proteger la seguridad nacional y mitigar las preocupaciones de Estados Unidos sobre los riesgos que entraña compartir información estratégica con Tokio.

Los críticos temen que la ley pueda obstaculizar las revelaciones de asuntos públicos, atemorizar a informantes y amordazar a la prensa ya que los periodistas pueden ser encarcelados si buscan información que no saben que es considerada como secreta.

La ley permite que los directivos de los ministerios y agencias gubernamentales clasifiquen 23 tipos de información bajo criterios vagos en temas como defensa, diplomacia, contrainteligencia y contraterrorismo en forma casi indefinida.

Algunos miembros del Partido Liberal Democrático de Abe se quejaron de que el gobierno se apresuró a aprobar la ley antes de que terminara el actual periodo de sesiones del parlamento.

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, se dirige al parlamento de su país con respecto a la nueva legislación de secretos de Estado, que pone en riesgo la labor del periodismo en esa nación.
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El primer ministro japonés, Shinzo Abe, se dirige al parlamento de su país con respecto a la nueva legislación de secretos de Estado, que pone en riesgo la labor del periodismo en esa nación. (AFP)

"Creo que se necesita una mayor explicación", dijo el militante del partido Takashi Uto durante un debate del comité. "Naturalmente, la gente está atemorizada porque no sabe qué será considerado un secreto".

La mayoría de las objeciones a la ley tienen que ver con derechos humanos y la falta de garantías sobre la supervisión del parlamento a las decisiones sobre asuntos secretos. No obstante, durante el debate final los legisladores también preguntaron cómo afectará la ley a empleados civiles que hacen negocios con agencias del gobierno.

"La gente vivirá en una sociedad en la que pueden ser castigados por no saber qué es un secreto y qué no lo es", dijo el legislador del Partido Comunista de Japón Sohei Nihi al argumentar su rechazo a la ley. "Arrestos, órdenes judiciales, todo puede ser secreto. Eso violaría la constitución".

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Empresas extranjeras que tienen contratos con las fuerzas armadas o compañías que venden tecnología de "uso dual" y productos que tienen aplicaciones militares también podrían ser afectadas, dijo Lawrence Repeta, profesor de leyes en la Universidad Meiji de Tokio.

"Si estás en contacto con el gobierno corres el riesgo de cruzar una línea aunque no sepas siquiera que esa línea existe", dijo Repeta. "Podrías estar en la situación de ofrecer productos que involucran secretos. Es algo en que las compañías tienen que pensar, es un área totalmente nueva".

El gobierno dijo que los detalles de la ley se pueden discutir una vez que se aprobó y ha solicitado la "comprensión" del público.

El gobierno ansiaba la aprobación de la ley de secretos porque es una medida que necesitaba una vez que se creó el Consejo de Seguridad Nacional, que ubica al primer ministro en lo más alto de la cadena de mando y le da más poder.

La ley establece penas de prisión de 10 años o más a funcionarios que filtren secretos. Los periodistas que obtengan información de una forma "inapropiada" o "equivocada" pueden ser encarcelados por cinco años.

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