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La presidenta argentina, Cristina Fernández, quiere enviar un proyecto de ley al Congreso para declarar de “interés público” la producción y la venta del papel para los periódicos. Los medios se oponen a la iniciativa. AP
Ambos periódicos, los de mayor difusión de Argentina, consideraron que el informe presentado el martes por la mandataria, en el cual intenta fundamentar su acusación, constituye un ataque a la libertad de prensa.
El Gobierno busca “disciplinar a aquellos que creen que la democracia precisa medios de comunicación libres de cualquier amenaza de censura”, señaló en un editorial el diario
En el voluminoso informe sobre la empresa mixta Papel Prensa, el Gobierno acusa a ambos periódicos, sus mayores accionistas, de haberse adueñado de la firma en 1976 de manera fraudulenta, con la complicidad de la dictadura (1976-83).
La empresa Papel Prensa pertenecía en esa época al banquero David Graiver, vinculado al grupo guerrillero Montoneros. La adquisición se produjo meses después de su muerte. Su viuda dijo que vendió bajo amenaza, pero otros familiares desacreditaron tal versión.
Fernández expresó que el Gobierno presentará el caso a la justicia y enviará un proyecto de ley al Congreso para declarar de “interés público” la producción y venta del papel para periódicos.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró “inconstitucional” la iniciativa y sostuvo que se pretende “el control de los medios” en Argentina.
Otra entidad, la Asociación de Entidades Periodísticas, que agrupa a los diarios del país, sostuvo que la mandataria “logró su objetivo político, que es instalar la duda sobre la venta de Papel Prensa”.
La controversia dio una vuelta de tuerca al duro enfrentamiento del Gobierno, en particular con el grupo Clarín, que controla decenas de empresas y cuya firma emblema es el diario homónimo, que “marca la agenda informativa del país”, según políticos y medios.
Una semana antes de que la mandataria difundiera el informe sobre la única proveedora de papel de diarios del país, el Gobierno canceló la licencia de la firma Fibertel, también del grupo Clarín, que brindaba servicios de Internet a un millón de usuarios, sobre un total de 4,2 millones.
En el 2009, el Gobierno quitó al grupo Clarín los derechos de transmisión por paga de los partidos de futbol y los transfirió a la televisión pública.
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