EscucharCaracas. (AP). Un grupo de diputados del oficialismo y la oposición inició reuniones de acercamiento para superar las tensiones que se generaron tras la trifulca de la semana pasada , que dejó varios heridos, y lograr que la Asamblea Nacional retorne en las próximas 48 horas sus actividades.
El diputado opositor Edgar Zambrano indicó que la víspera un grupo de diputados del oficialismo y la oposición se reunió para tratar de lograr un acuerdo que permita a los 165 congresistas actuar sin ningún tipo de restricción y evitar nuevos enfrentamientos violentos como el que ocurrió el 30 de abril.
Zambrano, quien fue uno de los congresistas que participó en los diálogos en representación del bloque opositor, expresó que para este martes está pautado un segundo encuentro en el que se espera definir los detalles del plan de funcionamiento que permitirá restablecer las sesiones normales entre el miércoles y el jueves.
Tras la pelea en la Asamblea del 30 de abril, en la que varios diputados opositores sufrieron severas lesiones en el rostro, el Congreso suspendió temporalmente sus sesiones regulares.
El diputado dijo a The Associated Press en una entrevista telefónica que la propuesta que llevará la oposición a la mesa de conversaciones es la de “reiniciar el funcionamiento de la Asamblea sin ningún tipo de condicionamiento, dentro del marco de la Constitución y el reglamento interior y de debate” .
El diputado oficialista Pedro Carreño, quien dirige los diálogos en presentación del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo el martes a la prensa que con un “acuerdo de caballero” los 68 diputados de la oposición aceptaron respetar las instituciones del Estado y tener el derecho de palabra sin violencia.
“Nosotros sostuvimos una reunión donde llevamos una propuesta vertida en un proyecto de acuerdo y (los diputados de) la oposición, después de leerlo, creyeron necesario que el proyecto se cambiara por un compromiso de caballero” , indicó Carreño a la estatal Agencia Venezolana de Noticias.
Las tensiones en la Asamblea Nacional se intensificaron luego de que el presidente del Congreso, el diputado oficialista Diosdado Cabello, retiró dos semanas atrás el derecho de palabra a los congresistas opositores hasta que se comprometieran a reconocer al oficialista Nicolás Maduro como presidente.
Maduro, de 50 años, logró la victoria en las elecciones presidenciales del 14 de abril con 7,5 millones de votos, superando por un estrecho margen de 224.739 sufragios al candidato opositor Henrique Capriles. La ajustada diferencia generó cuestionamientos de la oposición, que se ha negado hasta ahora a reconocer la victoria del oficialista alegando que en el proceso electoral supuestamente se cometieron irregularidades.
Capriles impugnó la semana pasada todo el proceso electoral ante el Tribunal Supremo de Justicia por supuestos “ vicios ” en el proceso y exigió la repetición de la consulta.
La diputada opositora María Corina Machado, quien fue una de las congresistas que resultó herida en la golpiza en la Asamblea y debió ser sometida a una operación en la nariz como consecuencia de las lesiones, anunció a la prensa que el bloque opositor consignó la víspera en las oficinas de la Organización de los Estados Americanos en Caracas una solicitud para que “se proceda a activar la Carta (Democrática) Interamericana” .
Machado dijo que hay elementos relativos al ejercicio efectivo de la democracia representativa como la celebración de elecciones periódicas, libres y justas, además de sus elementos como los relativos a la libertad de expresión y la transparencia de las actividades gubernamentales, que no se estarían cumpliendo en Venezuela.
La congresista, quien salió ante las cámaras con la nariz vendada, agregó que la oposición ha recabado centenares de firmas de senadores y representantes de América Latina a favor de nuevas elecciones “limpias libres y justas” .
Por su parte, el secretario ejecutivo del bloque opositor, Ramón Guillermo Aveledo, anunció que en representación de Capriles fue introducido el martes en el máximo tribunal un recurso de nulidad de las votaciones en 5.729 mesas electorales por presuntas irregularidades, lo que representa cerca de 2.320.490 sufragios.
