Escuchar:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/DCO5JUCCGZBR7MVUEPR3HU3YV4.jpg)
Un niño jugó el jueves en el barrio marginal de La María, en Cartagena (Colombia). La pobreza e inequidad son, junto al tema de la legalización de las drogas, algunas de las discusiones en la VI Cumbre de las Américas. | EFE. (Paolo Aguilar)
La idea de legalizar el consumo de drogas para disminuir la violencia en el Istmo es irreal por falta de condiciones. De paso, tampoco mermaría los disparos: la mayoría de asesinatos no los comete el narco.
Analistas consultados creen que el simplismo y generalidad de la idea lanzada semanas atrás por el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, apunta más a metas políticas pues ignora factores estructurales de la violencia en la región, como la falta de oportunidades e inequidad que existen.
Pese a ello, hay coincidencia en que discutir el tema es oportuno y saludable tras años de fallidas políticas emanadas de Washington para detener una industria ilegal valorada en casi $1,6 trillones, equivalentes al 2,7% del PIB mundial al 2009, según cálculos por lavado de dinero realizados por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito.
“Los mercados de la droga no parecen convencidos de este camino. Es mejor negocio la ilegalidad, pues deja más ganancia. El otro tema es operativo. La capacidad real de los Estados de regular un mercado tan apetitoso pareciera poco viable por la debilidad institucional”, comentó Édgar Gutiérrez, analista y excanciller de Guatemala.
Pérez propone tratar el tema como un asunto de salud pública, proteger a la niñez y bajar el consumo en la población. Las dudas, de nuevo, surgen para ese país y el Istmo.
En Guatemala, el 49% de los menores de cinco años sufren algún grado de desnutrición, revelan los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística de ese país.
“Ver esto como un asunto de salud pública te demanda ciertos presupuestos y son evidentes los déficits en áreas como la mortalidad infantil. Si no puedes siquiera asegurar eso, cómo vas a manejar la drogadicción controlada de jóvenes y adultos en Guatemala o en otros países”, se preguntó Gutiérrez.
“Mientras no haya opciones de empleo con salario digno, y con los niveles de pobreza actuales, siempre habrá violencia. Quizás bajaría un poco la cifra de homicidios e inseguridad en el caso utópico que se legalizara la droga, pero siempre que exista inequidad y pobreza no es fácil pensar en menos violencia e inseguridad”, expuso María López Vigil, analista nicaraguense y directora de la revista
Évelyn Villarreal, coordinadora de Investigación del Informe Estado de la Región, explicó que en los cuatro países del norte del Istmo, del 75% al 85% de la población económicamente activa carece de cobertura de seguro social.
“Si estos Estados son incapaces de cubrir esto, cómo asumir luego la importante inversión que es regularizar una parte del mercado de consumo drogas ilícitas”, agregó.
Además, recordó Villarreal, los homicidios por crimen organizado y narcotráfico son solo una parte de un total formado también por violencia doméstica y crimen común.
“Más del 40% de hogares están excluidos al norte de la región. Si el Estado los excluye a falta de servicios básicos y el sector privado tampoco da trabajo, al eliminar el crimen organizado ligado al narcotráfico en esas sociedades, igual seguirían a falta de opciones de vida. Eso crea igual más violencia”, dijo.
Mario Zamora, ministro de Seguridad costarricense, igual cree útil el debate del consumo para, por ejemplo, plantear penas como tratamiento de rehabilitación obligatorios al margen de cuál sea la droga cuyo consumo luego se legalice.
“El debate como se lanzó plantea que la despenalización traería una desactivación de redes criminales. Creemos que no sería así. Las mafias se dedican al comercio de la cocaína y algunos sectores creen que la despenalización no irá más allá de la marihuana; entonces, el núcleo duro del problema queda igual”, consideró Zamora.
