Escuchar:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/D7DASC7OLVFDTFQKTPB5TVMW34.jpg)
Cientos de seguidores del exjuez Garzón se concentraron ayer en la Puerta del Sol, durante el fallo del Tribunal. | EFE (Alberto Martín)
Siete magistrados del Tribunal Supremo decidieron absolver al juez Garzón por seis votos a favor y uno en contra del delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es) por intentar investigar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil (1936-1939) y los primeros años del franquismo.
Garzón estaba acusado de infringir la Ley de Amnistía votada por el Parlamento español en 1977 al abrir una investigación en el 2008 sobre las desapariciones de más de 100.000 personas.
Los magistrados estimaron que la decisión de Garzón de declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, fue “errónea”, pero no constituyó un delito de prevaricación.
El Tribunal Supremo considera que la finalidad perseguida por Garzón “aun cuando errónea en su realización (...), ha tratado de mejorar la situación de unas víctimas cuyo derecho a conocer los hechos y recuperar a sus muertos para honrarles, es reconocido por la Ley de Memoria histórica”, promulgada en el 2007 para resarcir a las víctimas del franquismo.
“Solo puedo decir que mi conciencia está tranquila porque tomé las decisiones que creía ajustadas al derecho”, aseveró Garzón el 8 de febrero durante su juicio.
El Tribunal Supremo recordó ayer : “No es posible en nuestro sistema procesal una actividad jurisdiccional de mera indagación sin una finalidad de imposición de una pena”; es decir, es necesario la presencia de un hecho y un potencial acusado. En la instrucción de Garzón –consideró el tribunal–, todas las personas imputadas estaban ya muertas.
“Investigar torturas y ‘desapariciones’ no puede ser considerado un crimen”, afirmó Reed Brody, portavoz de la organización Human Rights Watch, quien cree que “el daño ya está hecho con la anterior condena de Garzón”, quien ha sido expulsado de la carrera judicial y no podrá volver a ejercer como juez.
El magistrado español de 56 años, conocido en el mundo entero por perseguir los ataques a los derechos humanos, había sido condenado el pasado 9 de febrero a 11 años de inhabilitación en otro juicio sobre un caso de escuchas ilegales, un veredicto que fulminó su carrera y por el que fue expulsado de la judicatura.
En este caso, el ya exjuez ordenó las escuchas entre los presuntos cabecillas de una red corrupta, conocida en España como “trama Gurtel”, que en el 2009 salpicó a altos cargos regionales del Partido Popular, que ahora gobierna España, y sus abogados al sospechar que los letrados participaban en operaciones de blanqueo de dinero.
