“Solo iba a trabajar y desapareció”, dijo Isabel, quien pide guardar el anonimato de su marido, mientras espera en el exterior de la fiscalía en ciudad de México.
Unos 70 cadáveres de los 145 encontrados en fosas clandestinas han sido trasladados hasta una morgue de la capital desde el 1.º de abril, cuando fueron hallados decenas de cadáveres en San Fernando de Tamaulipas.
Esta comunidad está a 160 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Ahí, en agosto pasado, fueron asesinados 72 inmigrantes de América Central y Suramérica.
Según contó Isabel, su esposo salió el 17 de marzo del estado de Hidalgo (en el centro del país) con un grupo de amigos con los que pretendía llegar a Texas para trabajar como migrante indocumentado.
“Una persona que viajaba en el mismo autobús llamó al pariente nuestro que lo esperaba en Texas para decirle que un retén de hombres armados detuvo el camión y bajó a tres hombres, entre ellos a mi esposo”, narró la mujer, de 43 años.
Sin embargo, entre las personas que han llegado a la fiscalía desde diferentes distritos del país hay muchos que señalan que sus parientes desaparecidos no eran migrantes ni viajaban en autobús.
Como Pablo, mexicano, quien la madrugada del 20 de octubre viajaba por el estado de Coahuila (norte) con seis parientes, también desaparecidos, en un camión cargado de mercancía que iban a vender en el norte del país.
“Hombres armados nos están agarrando”, alcanzó a gritar Pablo antes de que le arrebataran el celular cuando dormía en el vehículo a la orilla de una carretera.
“Fue la última vez que supimos algo de ellos”, recuerda María Ponce, hermana de Pablo, campesino de 49 años que fabrica sillas artesanales en el estado de Michoacán.
Ni la familia de Isabel ni la de Pablo recibieron algún llamado de los captores exigiendo un rescate económico, como frecuentemente sucede con los secuestros en México.
Las fiscalías estatales no dieron respuesta a sus denuncias y, en el caso de Pablo, la de Coahuila dijo que había sido cerrado.
Lo mismo sucedió con la familia de Primitivo, cuyo hijo de 46 años y su novia de 22 salieron en una camioneta el 20 de noviembre de Michoacán, a unos 800 kilómetros al suroeste de Tamaulipas.
Los desaparecidos, de los que Primitivo prefiere no dar los nombres, eran comerciantes que iban a comprar ropa a la estadounidense Laredo, fronteriza con Tamaulipas, para venderla en Michoacán.
“Con la camioneta que traían, pues a lo mejor se lo llevaron Los Zetas”, les dijeron funcionarios de la fiscalía de Tamaulipas cuando fueron a denunciar.
En la fiscalía, los familiares aguardaban para que se les extrajera sangre para una prueba de ADN, cuyos resultados serán cotejados con pruebas practicadas a los 145 cadáveres de San Fernando.