Bcarest. AFP. Francia expulsó ayer a 70 gitanos hacia Rumania, primer contingente de un total de 700, en el marco del refuerzo de la política de seguridad por parte del Gobierno.
Varias familias con niños, llevando grandes valijas y hasta bolsas de yute, llegaron del aeropuerto Aurel Vlaicu de Bucarest.
“Era muy duro en Francia, había presiones todo el tiempo, policías, prefectura”, declaró Gabriel, uno de los gitanos repatriado con su mujer y sus dos hijas.
En total, 70 personas fueron repatriadas de Francia ayer, nueve desde París y 61 desde Lyon, precisó la Policía en las fronteras. Hoy habrá otra repatriación de 132 gitanos hacia Tomisoara.
“A cada persona expatriada se le realizó un examen individual, que estudiaba las condiciones de su estadía en Francia”, aseguró el Gobierno francés.
La Comisión Europea recordó que París tiene que respetar las reglas de la libertad de circulación e instalación en la Unión Europea.
El presidente rumano, Traian Basescu, declaró el jueves que “lo que está ocurriendo en Francia prueba la necesidad de un programa europeo de integración”, una demanda que Rumania formula desde el 2008.
Por su parte, el ministro del Interior francés, Brice Hortefeux, llamó a la Comisión Europea a movilizar energía, esfuerzos y créditos en programas de reinserción duradera y de integración efectiva de la comunidad gitana.
De aquí a fin de mes, Francia planea el regreso de 700 gitanos a sus países de origen luego de desmantelar unos 50 campamentos.
Bulgaria y Rumania son parte de la Unión Europea desde el 2007 y por lo tanto sus habitantes pueden estar en Francia tres meses sin necesidad de justificar una actividad. Para seguir más tiempo, deben tener un empleo, estudios o justificar ingresos suficientes.
Hay unos 15.000 gitanos en Francia que viven, en su mayoría, en campamentos o ocupando casas abandonadas. Las autoridades los acusan, en muchos casos, de tráficos diversos y de obligar a los niños a mendigar.
París ha sido muy criticado por las asociaciones de derechos humanos y la ONU por el lazo que establece el Gobierno entre inmigración e inseguridad.